Contratos falsificados y firmas de personas fallecidas o ausentes del país son algunos de los recursos utilizados
En la República Dominicana, la tierra ha dejado de ser solo un activo para convertirse en campo de batalla, donde tener titularidad legítima no resulta suficiente.
En lo que parece una escena sacada de una crónica de impunidad institucionalizada, la invasión de terrenos —tanto públicos como privados— se ha convertido en una práctica peligrosa, repetitiva y en muchos casos, protegida desde las propias entrañas del poder.
La batalla más reciente se centra en lo que pretendía ser el “Boca Chica Country Club”. Emblemático porque es el intento de apropiación de más de un millón de metros cuadrados de terreno , una joya inmobiliaria estancada por el abandono legal y el atropello físico. Donde los haitianos se usan como ejército y escudo al servicio de militares dominicanos.
Los propietarios legítimos (a juzgar por los títulos de más de 40 años ) identifican esta vez como responsable de la ocupación, a una mujer militar – coronela de la Fuerza Aérea Dominicana, quien acompañada por otros civiles armados, ha ingresado en múltiples ocasiones al terreno, limpiando y marcando áreas como si de su propiedad se tratase.
“El contrato que presenta carece de validez legal. Es un documento inventado”, afirma el abogado del terreno, doctor Cunillera, abogado de la familia propietaria y quien lleva más de tres años enfrentando esta invasión que describe como una táctica de desgaste y que ya desborda las formas legales. “No se trata de una necesidad de vivienda de pobres; es una operación organizada, amparada en falsificaciones, protección militar y sobornos a funcionarios”, sostiene.
De la ocupación al despojo con uniforme
El caso de Boca Chica no es un hecho aislado. En múltiples regiones del país —de San Isidro a Punta Rucia, de Villa Altagracia a Santiago, pasando por Puerto Plata y Boca Chica— se repite la misma fórmula que se dirime en tribunales que tardan décadas en devolver derechos a legítimos dueños: terrenos invadidos por civiles que, al ser confrontados, se escudan en la presencia de militares activos o retirados como garantes de su ocupación.
“Desde la muerte del jefe, los militares se han convertido en el muro de contención de los invasores”, denuncian los abogados “Cuando los propietarios legítimos intentan desalojar, se topan con amenazas, armas largas y complicidad de las autoridades locales”.
A menudo se utilizan contratos falsificados, firmas de personas fallecidas o ausentes del país, e incluso títulos superpuestos que aparentan legalidad. La venta ilegal se ejecuta en serie: un “comprador puente” adquiere el terreno, lo vende a otro, y así sucesivamente, hasta que aparece un último “comprador de buena fe” que alega derechos sobre la propiedad.
Juego de desgaste y legalidad difusa
Las invasiones siguen un patrón meticuloso: se limpian los terrenos con brigadas de nacionales haitianos, se instalan casuchas temporales que son destruidas por los propietarios, y días después, las mismas construcciones reaparecen, como si nada. Se trata de un juego de desgaste, amparado en la lentitud judicial y la inacción de organismos públicos.
Según documentación a la que tuvo acceso este medio, los terrenos en Boca Chica ocupados por Beltrán Zabala no cuentan con servicios básicos y no son habitados de manera permanente. Sin embargo, se observan divisiones marcadas con telas, chapeo constante y vigilancia por individuos armados.
El Decreto presidencial que no logra frenar la práctica
En un intento por frenar esta tendencia que amenaza la seguridad jurídica del país, el presidente Luis Abinader emitió en noviembre de 2022 el Decreto 668-22, creando una unidad especializada en la Policía Nacional para la prevención y persecución de ocupaciones ilegales. Además, instruyó medidas concretas contra extranjeros que participen en invasiones, incluyendo su expulsión del país.
El artículo 1 del decreto reconoce que la propiedad privada, la seguridad jurídica y el interés público son de alto interés nacional, pero abogados denuncian que la aplicación de estas medidas aún es débil y desigual. “El Ministerio Público muchas veces ve estos casos como pleitos entre ricos, no como atentados a la seguridad jurídica del país”, apunta una fuente legal.
La ley que no protege
Hasta 2019, la Ley 5869 sancionaba con penas de prisión de 3 meses a 2 años a quienes invadieran propiedades privadas o estatales. Sin embargo, su débil aplicación y la posibilidad de sustituir la pena por una multa han convertido esta ley en letra muerta.
En respuesta, el Senado aprobó una nueva pieza legislativa que agrava las penas, elevando a 2 a 5 años de prisión y seis salarios mínimos de multa las sanciones para invasores. No obstante, la reincidencia es común, y los desalojos se dilatan, mientras la ocupación se consolida.
Mafia del despojo: militares, abogados y políticos
En Boca Chica, múltiples voces coinciden en señalar la existencia de una mafia inmobiliaria que involucra militares, abogados, figuras del transporte y funcionarios municipales. Su modus operandi incluye falsificación de títulos, sobornos a ayudantes del abogado del Estado, y amenazas directas contra los propietarios. “Se están robando el país metro a metro”, aseguran litigantes inmobiliarios.
Casos similares se han registrado en San Cristóbal, donde invasores talaron árboles en zonas protegidas para construir viviendas; en Altos de la Colombia, donde se destruyó flora para levantar asentamientos ilegales; y en Navarrete, donde terrenos de la Circunvalación fueron invadidos con la anuencia de autoridades locales.
