En un comunicado, la Compañía de Jesús en la República Dominicana llamó a las organizaciones políticas, al empresariado y a la sociedad civil a participar en el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para construir una política migratoria basada en la justicia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.
En este sentido, instó a la creación de una política diferenciada que aborde los casos migratorios de manera individualizada y que promueva una cultura de hospitalidad y encuentro.
“En el contexto del diálogo convocado por el presidente Abinader en el espacio del Consejo Económico y Social (CES), invitamos a las organizaciones políticas, al empresariado y a la sociedad civil a entrar en un diálogo inclusivo y desapasionado, que escuche y no excluya la voz de los afectados”, dice el documento.
En este contexto, se hace eco de las propuestas del director del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, quien aboga por un enfoque que considere el desarrollo regional y la realidad de la migración insular.
Entre las propuestas destacadas, se incluyen un control fronterizo más eficaz, la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, la regularización de los inmigrantes laborales en sectores clave como la agricultura y la construcción, y la modernización de la gestión migratoria.
Además, llaman a la responsabilidad colectiva para construir un futuro donde la dignidad de cada ser humano sea respetada, sin importar su origen o estatus migratorio, y en el que la solidaridad y el amor fraterno sean los pilares de la convivencia nacional.
Comunicado íntegro
Por una política migratoria integral, justa y humana: Un llamado urgente a la conciencia nacional
Comunicado público de la Compañía de Jesús en República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana -10 de junio de 2025
La Compañía de Jesús en la República Dominicana, siguiendo el espíritu del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia que nos llama a acoger, proteger, promover e integrar a nuestros hermanos y hermanas migrantes, expresa su profunda preocupación ante el estado de excepción que han creado las medidas anunciadas por el Presidente de la República, Luis Abinader, pasado 2 de octubre de 2024.
Estas medidas, cuyo objetivo declarado ha sido la expulsión semanal de diez mil personas en situación migratoria irregular, se han focalizado de manera violenta en la población de origen haitiano, como desgraciadamente era de esperar. Pasados varios meses, el curso de los acontecimientos suscita serias interrogantes sobre su coherencia con los principios de justicia y humanidad que deben regir a toda nación.
Observamos con inquietud cómo esta política, enfocada en la repatriación masiva, presenta graves inconvenientes tanto desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos como desde una visión práctica y sostenible de la gestión migratoria. Nuestro país, signatario de diversos convenios internacionales, tiene el deber de garantizar el debido proceso, la no separación familiar y la protección de los más vulnerables, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Merece la pena subrayar que todo lo mencionado se contempla en el reglamento de migración vigente.
Asimismo, los reportes continuos en los medios de comunicación sobre abusos en los procesos de interdicción y repatriación -como detenciones arbitrarias de dominicanos de color, trato indigno y falta de respeto al debido proceso- refuerzan nuestra alarma y nos insta a levantar la voz en defensa de la dignidad de cada persona, independientemente de su estatus migratorio o de su adscripción étnica, como está consagrado en la Constitución dominicana. Estas prácticas no solo deshonran nuestros principios como nación, sino que generan un clima de temor e incertidumbre que afecta a toda la sociedad, especialmente en áreas sensibles de la economía.
En este sentido, si bien la noticia publicada hace unos días en Vatican News incluía juicios desmesurados, como el de la tortura, el modo en que se aplican las medidas migratorias nos hace quedar mal como nación a nivel internacional.
Frente a esta coyuntura, reafirmamos la impostergable necesidad de una política migratoria integral, que trascienda las respuestas coyunturales y punitivas para abrazar una visión de Estado a mediano y largo plazo. Una política verdaderamente integral debe incluir, como pilar fundamental, un proceso de regularización serio, transparente y justo para aquellos migrantes que, con su trabajo y esfuerzo, contribuyen significativamente a sectores vitales de nuestra economía, como el agropecuario y la construcción.
Esta aproximación está en plena consonancia con la Doctrina Social de la Iglesia, que nos recuerda la centralidad de la persona humana, la dignidad del trabajo y el principio de solidaridad. Hacemos nuestras las enseñanzas del papa Francisco, de feliz memoria: «Nunca se dirá que [los migrantes] no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos.
Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe: la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno.» (Fratelli tutti, n. 39)
En este sentido, consideramos fundamental prestar especial atención a lo expresado por Wilfrido Lozano, actual director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, quien ha propuesto una visión que merece ser escuchada y debatida por todos los actores nacionales, especialmente por el aparato estatal. Sus planteamientos, que a la luz de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia se revelan no sólo pragmáticos sino también profundamente humanos, se pueden sintetizar en cuatro componentes esenciales para una política pública unificada:
1. Un eficaz control fronterizo: concebido no sólo desde una perspectiva militar, sino coordinado con el desarrollo regional y que distinga entre la coyuntura de crisis haitiana y la dinámica de la migración insular, considerando incluso la figura del habitante fronterizo.
2. La persecución y sanción a los traficantes de inmigrantes irregulares y a quienes manejan la trata de personas: un crimen abominable que exige la articulación de capacidades institucionales entre la Procuraduría de la República, la Dirección General de Migración (DGM) y el CESFRONT, con mayor rigor y severidad en la ley.
3. La regulación, documentación y contratos de trabajo de los inmigrantes laborales: especialmente en sectores clave como el agropecuario y la construcción, facilitando mecanismos ágiles como la ventanilla única y comprometiendo a los agentes económicos contratantes. Esto no debe colidir con la modernización de los sectores productivos, sino complementar.
4. La modernización institucional de la gestión migratoria: un proceso que requiere una mejor articulación, mayor profesionalización de los recursos humanos de la Dirección General de Migración (DGM) y del Instituto Nacional de Migración (INM), así como una activación más regular y efectiva del Consejo Nacional de Migración (CNM), con una agenda a mediano y largo plazo.
En el contexto del diálogo convocado por el presidente Abinader en el espacio del Consejo Económico y Social (CES), invitamos a las organizaciones políticas, al empresariado y a la sociedad civil a entrar en un diálogo inclusivo y desapasionado, que escuche y no excluya la voz de los afectados. Es imperativo también que en la construcción de la política migratoria se escuchen las opiniones de las personas entendidas en la materia, aquellos que desde la academia, la pastoral social y la defensa de los derechos humanos aportan conocimiento y soluciones.
Como ha señalado nuestro Centro Montalvo, el proceso de deportación masiva debe parar inmediatamente y en su lugar establecer una política diferenciada caso a caso, que venga acompañada de la promoción de una cultura de la hospitalidad y del encuentro.
Es necesario asumir la responsabilidad de construir un futuro donde la justicia, la solidaridad y la dignidad sean los pilares de nuestra convivencia nacional.
