El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recusó a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Alega que exhibe una conducta parcial en la etapa preparatoria del proceso seguido contra Hugo Beras, José Gómez y demás implicados en una presunta red de corrupción que defraudó al Estado dominicano mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar explicó que la recusación se fundamenta en la “parcialidad manifiesta” de la magistrada Padilla, quien ha emitido decisiones que favorecen de forma injustificada a los imputados, lo que compromete la integridad de la investigación.
Entre los actos cuestionados, el Ministerio Público citó la autorización de viajes al extranjero para José Gómez Canaán, que incluye destinos como Estados Unidos y Panamá, pese a contar con impedimento de salida del país y tratarse de lugares directamente vinculados a la investigación en curso. Asimismo, la jueza ordenó la devolución de armas de fuego a Gómez, registradas a nombre de terceros, y levantó medidas de inmovilización de cuentas bancarias y oposición a la transferencia de bienes, a pesar de tratarse de una investigación financiera por delitos de lavado de activos.
El órgano persecutor advirtió que estas decisiones contradicen precedentes de la propia judicatura, en los que, bajo condiciones similares, no se otorgaron dichos privilegios. Además, denunció una grave violación al principio de separación de funciones, señalando que la jueza ha intentado limitar el alcance de la investigación del Ministerio Público al afirmar que los acusados no están siendo investigados por lavado de activos, cuando esa imputación forma parte del proceso desde sus inicios.
