El Ministerio Público desplegó ayer un equipo de fiscales que practican allanamientos como parte de las líneas de investigación abiertas en torno a la Operación Camaleón con la que desmanteló una red de corrupción que defraudó al Estado mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Los allanamientos, coordinados por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), son ejecutados por 15 fiscales y se han desarrollado en el Distrito Nacional y Punta Cana. Entre los allanados figura Aquiles Jiménez, adelantó el Ministerio Público.
En el caso que sigue la Pepca contra los involucrados en la red desmantelada por la Operación Camaleón son procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.
También, Frank Díaz Warden, ex coordinador de despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
Proceso del caso
El pasado 10 de octubre, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras; el empresario Jochi, propietario de Aurix S.A.S.; y Pedro Vinicio Padovani , exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. La medida sería cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Además, la jueza Fátima Veloz impuso arresto domiciliario a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant. A Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras, se le impuso una garantía económica de RD$2 millones, impedimento de salida y presentación periódica.
Asimismo, los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas enfrentan medidas de coerción que incluyen garantía económica de RD$1 millón, impedimento de salida y presentación periódica.
Sin embargo, días más tarde, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificó la medida de coerción para Beras, Gómez Canaán y Padovani, dejando sin efecto la prisión preventiva. En su lugar, se les impusieron impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Hugo Beras y Pedro Padovani tuvieron que pagar una garantía de RD$5 millones cada uno, mientras que Gómez Canaán pagó RD$2 millones. Todos deben presentarse ante el Ministerio Público los primeros tres días de cada mes, como parte de las condiciones impuestas durante el proceso judicial.
Estos son los cargos que pesan contra implicados
Los imputados son acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción. Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405.
