Dos legislaturas extraordinarias y estado de emergencia no han bastado para aprobar leyes demandadas por años
Aunque desde el 2020 las labores en el Congreso Nacional han sido prorrogadas en varias ocasiones con las convocatorias del Poder Ejecutivo de legislaturas extraordinarias y la declaratoria de estado de emergencia, iniciativas priorizadas por años siguen sin ser convertidas en ley.
La falta de voluntad política sería la causa principal para no refrendar los marcos legales mencionados a continuación.
Encabeza la lista la reforma al Código Penal vigente, pieza que tiene más de 20 años en el “círculo de espera” y la cual se creía que en este cuatrienio cruzaría la barrera y sería ley. No obstante, tras ser sancionada en una cámara, perime en la otra, una acción recurrente.
El proyecto caducó la noche del pasado miércoles y deberá ser reintroducido. Esto a pesar de que el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, duda que haya un nuevo Código Penal en lo que resta de estos cuatro años.
Otra deuda que al parecer los senadores y diputados no están dispuestos a pagarle al pueblo, es la actualización de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Y es que este miércoles cerró la primera legislatura ordinaria sin que el órgano creador de las leyes evacúe el informe presentado por la comisión bicameral, la cual tardó más de dos años en la elaboración del documento legal a fin de modificar la demandada Ley.
Por lo visto la normativa no será sancionada en esta legislatura extraordinaria iniciada ayer, puesto que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, anunció el pasado 30 de mayo que la pieza “no es un proyecto de ley” en sí, “sino un estudio sobre la Ley 87-01”. Dijo esto en el marco de las críticas de sectores por el contenido de la iniciativa.
Se suma a las legislaciones priorizadas ignoradas, el proyecto que busca crear la ley de agua, el cual tiene más de 25 años a la espera de un consenso entre los legisladores. Hasta antes de ayer, había tres iniciativas que buscaban suplir a la República Dominicana de ese vacío legal, sin embargo, dos de ellas perimieron, queda sólo vigente el proyecto de ley de agua, sometido por el diputado reformista Máximo Castro Silverio.
Otras priorizadas y “olvidadas” son: el proyecto de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio (ley complementaria de la reforma constitucional del 2010), el cual perimió la noche de este 26 de julio; el que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana, promesa del Poder Ejecutivo; el que regula Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); de contrataciones públicas; mediante el cual se formaliza la minería en pequeña escala y la minería artesanal; el que crea la Dirección General de Ética y Transparencia (Diget); y el que reforma la Ley de Partidos.
También el proyecto que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados; el proyecto sobre registro y mantenimiento de infraestructuras públicas; la ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional; el de la ley de cheques de la República Dominicana; y el proyecto sobre registro y mantenimiento de infraestructuras públicas.
Estas cinco normativas pasan de 10 años en el órgano bicameral y pertenecen a la primera lista de las 37 iniciativas priorizadas por el Poder Ejecutivo para el año 2022-2023.
La práctica demuestra que los senadores y diputados suelen dedicar más tiempo a la aprobación de proyectos de resoluciones, reconocimientos, contratos de préstamos y legislaciones no tan demandadas por la sociedad.
Un claro ejemplo de ello es que la Cámara de Diputados se propuso sacar a flote cientos de resoluciones estancadas en ese órgano, mediante el conocimiento de “quinientas iniciativas” divididas en grupos.
Fue en ese sentido que el presidente de esa ala congresual, Alfredo Pacheco, resaltó el pasado miércoles que esa cámara realizó 52 sesiones en la legislatura ordinaria y en lo que va del cuatrienio ha sancionado alrededor de 3,000 iniciativas. Calificó el resultado como “un buen averaje” y la cantidad de sesiones de “bastante”.
Legislaturas extraordinarias
Este 15 de agosto el Congreso Nacional cumplirá 354 días en trabajos legislativos con las dos convocatorias de legislaturas extraordinarias solicitadas por el presidente Luis Abinader y la segunda y primera legislatura ordinaria del año 2022 y 2023, respectivamente. Esto deja a los senadores y diputados con 11 días libres de actividades parlamentarias y no con 65, como suele ser en un año.
Se debe a que la primera legislatura extraordinaria, iniciada desde el 13 de enero-15 de febrero del 2023, contó con 34 días; y la segunda, desde 27 de julio hasta el 15 de agosto del 2023, cuenta con 20 días. Ambas extraordinarias suman 54 días.
A esto se suma que cada legislatura ordinaria tiene un ciclo de 150 días, para un total de 300. Esto sin contar que el próximo 16 de agosto comienza la segunda legislatura ordinaria de este año, que culminará el 12 de enero del 2024.
Esas legislaturas extraordinarias han sido las únicas convocadas por la actual gestión de Gobierno.
Se recuerda que en la primera extraordinaria, el Congreso Nacional se centró en conocer seis iniciativas legislativas, obteniendo un resultado peísimo, al lograr convertir en ley una sola, que fue la reforma a la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 15-19). Quedaron pendientes esa vez el proyecto de ley sobre bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y bajo extinción de dominio; el regulatorio de los fideicomisos públicos; el proyecto de facturación electrónica de la República Dominicana. Las tres piezas fueron propuestas por el Poder Ejecutivo.
Tampoco fue convertido en ley el proyecto de ley orgánica de deportes y recreación, reintroducido en la Cámara Baja por los diputados Jesús Martínez Alberty (PLD) y Pedro Botello (PRSC); y el que otorga un ingreso económico permanente del Estado a las personas exaltadas al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y a los atletas que pongan en alto el nombre de la República Dominicana, tanto en el ámbito nacional como internacional, también propuesto por Pedro Botello.
Estado de emergencia
Las labores legislativas fueron también extendidas con la llegada al país de la COVID-19. No obstante, el Congreso no pudo exhibir trascendencia en leyes priorizadas. El 20 de julio de 2020 el presidente Danilo Medina declaró el territorio nacional en estado de emergencia por un periodo de 45 días, mediante el decreto 265-20, siendo prorrogado más adelante a través de otros decretos de manos del mandatario Luis Abinader, por última vez hasta el 11 de octubre de 2021.
Sobre el estado de emergencia, el numeral dos del artículo 263 de la Constitución establece que mientras permanezca el estado de excepción, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones y el presidente de la República le informará de forma continua sobre las disposiciones que haya tomado y la evolución de los acontecimientos.
Amnistía fiscal y bienes incautados, nuevo enfoque
En esta legislatura extraordinaria, que cierra este 15 de agosto, el Congreso Nacional se enfocará en sacar el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, el cual perimió y es complemento de la Ley de Extinción de Dominio. También tratará de convertir en ley la iniciativa que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria, más conocido como “proyecto de ley de amnistía fiscal”. La pieza debe ser sancionada en el Senado.
