Diversos actores del sector que componen el sistema de distribución y abastecimiento de combustibles en el país, solicitan al Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) una revisión técnica del esquema de márgenes de ganancias, en el marco de la Ley 112-00 y su reglamento.
Representantes del sector como la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), Asociación de Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC) y Asociación de Empresas Distribuidores de Combustible a Domicilio (Adecom), así como la Asociación Dominicana de Distribuidores de Combustibles y Derivados (Adodicode), la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (Asonadigas), Asociación Nacional de Importadores, Distribuidores y Transportistas de Gas Licuado de Petróleo (A-GAS), entre otras, han planteado realizar los ajustes.
Los suplidores de gasolina, gasoil y GLP aseguran que el sistema se sostiene sobre una red empresarial formal que opera bajo un modelo de márgenes de comercialización regulados por el Estado, y que estas políticas, concebida para estabilizar los precios de los combustibles al consumidor, no han sido actualizadas de manera estructural ni consensuada hace más de una década, pese a las variaciones económicas y el incremento en los costos operativos del sector.
Plantearon que mientras el país demanda mayor eficiencia y abastecimienro nacional, así como cumplimiento normativo, las estaciones de servicios y empresas distribuidoras enfrentan una realidad crítica, reflejada en que el margen actual no cubre los costos reales operativos, por lo que advierten que esta situación pone en riesgo el servicio al consumidor final.
Esperan respuestas
Aseguran que durante años han sostenido múltiples encuentros con las autoridades del sector, se han presentado y consensuado informes técnicos que detallan la creciente brecha entre el margen regulado y los costos reales, sin embargo, precisan que la fórmula oficial no ha sido ajustada con base en la realidad económica actual.
Se quejan, de que mientras las estaciones formales luchan por sobrevivir, otros actores reciben trato preferencial “el subsidio estatal al gasoil/diesel para transporte público, a través de concesiones a sindicatos, no solo excluye a las estaciones de gasolina y gasoil, sino que ha creado competencia desleal, flotillas sindicales reciben combustible con descuento, que luego venden hasta 30 pesos mas barato por galón” indicaron.
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