El Senado de la República Dominicana ha enviado a una comisión especial el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, una propuesta del Poder Ejecutivo que busca actualizar la normativa vigente desde 1962.
La iniciativa, que incluye la creación de un organismo regulador independiente, ha sido respaldada por medios de comunicación, juristas y organizaciones civiles, quienes destacan su enfoque en proteger derechos fundamentales sin imponer censura.
Lea nuestro Editorial
El nuevo marco legal fue desarrollado tras un proceso de más de dos años de consultas con periodistas, académicos y expertos, y contempla sanciones para proteger la niñez y la dignidad humana, sin atribuir al regulador facultades para eliminar contenidos en redes sociales ni imponer prisión por delitos de difamación.
Comisión especial escuchará a todos los sectores
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que la comisión especial que estudiará el proyecto estará presidida por la senadora Aracelis Villanueva (PRM–San Pedro de Macorís) y compuesta por otros diez senadores de distintas bancadas.
El mandatario del hemiciclo enfatizó que los legisladores deberán reunirse todas las veces que sean necesarias y escuchar a “todos los sectores de la sociedad, incluidos los de redes sociales”, para lograr una ley consensuada.
El proyecto se entrego al Congreso por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y ha contado con el respaldo de la Sociedad Dominicana de Diarios, que afirma que la iniciativa busca “modernizar el marco legal vigente desde hace más de seis décadas”.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) también respaldó la propuesta, asegurando que está alineada con los principios democráticos y la realidad actual del país.
Inacom: un ente regulador autónomo
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un organismo descentralizado con autonomía funcional, financiera y administrativa.
Su rol será garantizar el derecho a la libertad de expresión, establecer políticas públicas en materia de medios y velar por la correcta aplicación de la normativa, sin facultades para censurar contenidos digitales.
El proyecto contempla un régimen de sanciones escalonado. Las faltas leves implican llamados de atención y multas entre dos y diez salarios mínimos.
Las más graves, como vulnerar el derecho a la libertad de expresión o atentar contra la independencia de los medios, pueden acarrear sanciones de hasta 200 salarios mínimos o suspensión de transmisiones por hasta 90 días.
No se contemplan penas de cárcel por difamación o injuria, dejando la sanción de estos delitos en manos del Poder Judicial.
Namphi Rodríguez: “La ley protege al usuario digital”
El abogado y catedrático Namphi Rodríguez, coordinador de la comisión redactora, explicó que el proyecto excluye cualquier facultad del Inacom para eliminar contenidos en redes sociales o forzar a los medios a colaborar con el Estado.
Subrayó que las plataformas digitales como Facebook o Instagram solo tendrán que informar al regulador sobre sus políticas de moderación, sin asumir responsabilidad por los contenidos de los usuarios, salvo que desobedezcan una sentencia judicial.
Rodríguez también recalcó que la nueva ley se apega a los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y a las guías de la UNESCO sobre gobernanza digital.
La propuesta, dijo, es fruto del consenso con actores clave como la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas y académicos nacionales e internacionales.
