En el marco del debate generado por las medidas migratorias que impulsa el Gobierno dominicano, así como la crisis de Haití y sus repercusiones en territorio nacional, la Coalición de ONG por la Infancia emitió un comunicado en el que recomienda “11 medidas indispensables para la protección de la infancia en movilidad”.
En el punto número 10, y quizás el más controversial, las organizaciones proponen lo siguiente: “Garantizar la regularización oportuna de niñas y niños hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano, asegurando desde su nacimiento una condición migratoria regular que no limite ni ponga en riesgo su acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la identidad legal”.
En tal sentido, plantean “establecer un procedimiento administrativo ágil y accesible que garantice la inscripción oportuna en el registro de regularización migratoria de niñas y niños nacidos en República Dominicana de padres extranjeros en situación irregular, con mecanismos de coordinación interinstitucional y supervisión, bajo el liderazgo de las entidades competentes en niñez, migración”.
Derecho a la salud y a la educación
Entre las propuestas, sugieren priorizar la continuidad en los servicios. En esa dirección, llaman a excluir a niños y adolescentes de cualquier medida que limite el acceso a la salud y a la educación.
Tras puntualizar que las escuelas y centros de salud deben ser entornos seguros, las ONG instan a emitir resoluciones que protejan el acceso incondicional de la niñez migrante a la educación y a la salud en todo el territorio nacional.
Municipios protectores de infancia
De la misma manera, exhortan a promover espacios seguros en las comunidades y mecanismos accesibles para que niños, niñas y adolescentes cuenten con los canales para denunciar hechos que contravengan sus derechos.
En este enfoque, los gobiernos locales, a través de las alcaldías, junto con instituciones públicas, ONG e iglesias, serían actores clave y garantes de estos derechos.
En ese orden, la Coalición de ONG por la Infancia llama a instaurar “municipios protectores de la infancia migrante” mediante resoluciones locales, espacios seguros y redes comunitarias de protección infantil activas.
En esa línea, las organizaciones destacan la necesidad de capacitar a funcionarios y actores locales en derechos de la infancia migrante especialmente a agentes de migración, seguridad, salud y educación en principios de protección infantil y protocolos diferenciados. Y de esa forma incluir formación obligatoria sobre derechos de la infancia migrante en los programas de capacitación institucional a nivel nacional y local.
Entre otras medidas, instan a refrendar el compromiso para el uso del Protocolo de Atención a Niñez Migrante no Acompañada y Separadas a fin de que todas las instituciones públicas vinculadas se comprometan con este instrumento elaborado por Conani con la asistencia técnica de Unicef en octubre 2024, asegurando su implementación efectiva y coordinada. Por consiguiente, piden declarar obligatorio el uso del protocolo en todas las instituciones responsables, con mecanismos claros de implementación y monitoreo.
Asimismo, sugieren establecer una plataforma de trabajo binacional permanente para la coordinación en protección infantil, con planes de trabajo conjuntos y rutas de derivación claras que incluyan la participación de organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y agencias del Sistema de Naciones Unidas en ambos lados de la frontera.
Las entidades especializadas en derechos de la niñez llaman a fortalecer el Mecanismo Nacional de Gestión de Casos coordinado por Conani. Entienden que debe promoverse la colaboración entre sociedad civil, el Sistema de Naciones Unidas e instituciones públicas, usando la ruta segura de derivación para articular todos los servicios existentes a favor de la niñez. La Coalición de ONG’s por la Infancia, que la integran unas 25 organizaciones, entre estas Visión Mundial, Save the Children y Plan República Dominicana, sugieren que estas medidas sean transversalizadas en todas las mesas del diálogo coordinado por el Consejo Económico y Social.
Recomiendan consolidar el uso del Modelo Nacional de Gestión de Casos en todo el territorio nacional, con recursos y articulación efectiva entre los actores involucrados.
Dicen toda medida debe priorizar unidad familiar
Las organizaciones en favor de los derechos de la niñez consideran que toda medida migratoria debe priorizar la unidad familiar, por lo que “separar a niños de sus cuidadores sin alternativas seguras constituye un alto riesgo a su seguridad, supervivencia y pleno desarrollo”.
En tal sentido, recomiendan evitar la separación de niños y niñas de sus familias, salvo cuando exista un riesgo comprobado y evaluado. En los casos en que los niños hayan desarrollado lazos sociales, familiares y educativos en el país, debe primar el principio de arraigo como alternativa a la deportación, sostienen las ONG.
Por ende, instan a establecer criterios oficiales de arraigo infantil como parte de los procesos para determinar el interés superior de la niñez en movilidad.
En conclusión, las organizaciones abogan para que se garantice un proceso de retorno para familias con hijos menores de edad que sea seguro, informado, acompañado, y articulado con los sistemas de protección del país de destino y origen. En efecto, recomiendan aplicar rutas de retorno familiar con acompañamiento psicosocial e interinstitucional antes, durante y después del retorno.
