La sociedad civil ya no ejerce presión al gobierno de turno y débil representación de la oposición dificulta su papel
En cinco años transcurridos desde 2020, cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) alcanzó el poder por primera vez y puso fin a la era de dominio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el contrapeso al poder político desde los partidos de oposición y la presión que ejerce la sociedad civil al gobierno de turno, se han debilitado.
En las elecciones de 2024, el PRM logró un control absoluto de las instituciones del Estado y los partidos de oposición quedaron sin posibilidad de hacer el ejercicio de equilibrio en instancias como el Congreso Nacional. La historia reciente documenta un cambio radical en el ejercicio de presión hacia los últimos gobiernos de Danilo Medina y Leonel Fernández, con relación al presidente Luis Abinader.
El primer año del segundo gobierno de Danilo Medina las protestas dominaron. En enero de 2017, arrancó la Marcha Verde contra la impunidad y la corrupción que realizó numerosas manifestaciones multitudinarias que pusieron contra la pared al gobierno de Medina.
Luego, fueron las manifestaciones en contra de los intentos de una reforma constitucional para un tercer mandato del hoy expresidente Medina, que tuvieron como principal protagonista a Leonel Fernández, para entonces compañero de partido de Medina y presidente del PLD.
El segundo gobierno de Fernández, en 2009, enfrentó numerosas protestas vinculadas a la reforma constitucional especialmente de organizaciones feministas que se oponían a la actual redacción del artículo 37 sobre el derecho a la vida. Para el 2010, Fernández enfrentó el inicio de la protesta de mayor impacto político para su legado de gobierno, la del 4% del PIB para la educación preuniversitaria, que se extendió hasta la campaña electoral de 2011-2012 y obligó a un compromiso político de otorgar ese porcentaje a la Educación al que el entonces presidente se negó.
El segundo gobierno de Abinader, por el contrario, enfrentó manifestaciones el pasado año por el plan de una reforma fiscal, que el mandatario dejó sin efecto por el creciente descontento. Igualmente, este año ha enfrentado protestas vinculadas al tema migratorio, a diferencia de Medina y Fernández, esas manifestaciones, no son promovidas por grupos que históricamente han ejercido presión a los gobiernos de turno como Participación Ciudadana, las encabeza la Antigua Orden Dominicana, que ha logrado notoriedad en los últimos tiempos. Sin embargo, hay versiones de que desde sectores del gobierno impulsan a esa entidad.
Por ejemplo, en una manifestación en Friusa, Punta Cana, el 30 de marzo, algunos manifestantes denunciaron que fueron agredidos por excesos de las autoridades del orden.
Esa agresión fue criticada por el expresidente Fernández y líder de la oposición política, sin embargo, la propia organización se desligó de la agresión y acusó a “infiltrados” de provocar a la autoridad por continuar la protesta más allá del perímetro aprobado.
Luego de esa manifestación, el presidente anunció 15 medidas para enfrentar la crisis migratoria y una demolición de Mata Mosquito, en el Hoyo de Friusa, que había sido identificado como asentamiento haitiano. La acción tuvo una gran repercusión mediática, igual que las protestas que visibilizaron el problema.
Cambio de roles crea vacío
Lo que se observa en los últimos cinco años es que quienes antes encabezaban protestas y críticas al gobierno por temas, por ejemplo, como la corrupción, pasaron a controlar los organismos del Estado y los espacios de presión que dejaron no han sido cubiertos por los partidos de oposición ni la sociedad civil.
Por ejemplo, el propio presidente Abinader encabezó protestas contra el gobierno de Medina con figuras como Milagros Ortiz Bosch, Carlos Pimentel, Bartolomé Pujols y periodistas que se identificaron con el movimiento social como Juan Bolívar Díaz, Marino Zapete, Huchi Lora y Altagracia Salazar. Sin embargo, todas esas figuras ahora forman parte del gobierno, con la excepción de Salazar, y Zapete y Lora, se retiraron del periodismo.
De hecho, la propia titular de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, encabezó un movimiento de críticas públicas contra la gestión de Jean Alain Rodríguez, cuando este era titular de la Procuraduría y la hoy funcionaria, fiscal adjunta.
La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que ha sometido unos 50 expedientes de corrupción ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Desde el ámbito de la sociedad civil, Participación Ciudadana, creada en 1993, ha sido la organización más efectiva en generar presión a los gobiernos en más de 30 años, sin embargo, en esta etapa ha quedado cuestionada por el tema del financiamiento del gobierno de Estados Unidos difundido por la administración de Donald Trump para este tipo entidades a nivel mundial.
Igualmente, la entidad ha perdido impacto en la opinión pública, su principal espacio de presión, por temas como la lucha contra la corrupción pública. Otro factor evidente, es que la entidad dejó de presionar, como hacía con otros partidos como el PLD, por la aprobación de las causales en el Código Penal.
De hecho, hay menos presión con ese tema, a la gestión de Abinader y el PRM, aunque fue una promesa de campaña del hoy partido de poder, que no se ha cumplido, a pesar de que el partido oficialista tiene los votos en el Congreso para aprobarla sin la necesidad del consenso con la oposición.
Oposición partidista débil
La oposición política partidista la encabeza la Fuerza del Pueblo (FP) la organización mayoritaria más joven del sistema. En ese rol, tiene poco más de un año desde que el resultado de las elecciones de 2024, desplazó al PLD del segundo lugar y colocó al partido verde en esa posición. Sin embargo, desde antes de las elecciones en los hechos, el expresidente Fernández se había constituido en el principal líder de la oposición y su partido exhibía crecimiento frente al PLD.
Sin embargo, la FP no cuenta con representación congresual ni en otros órganos del Estado suficiente para detener las iniciativas del gobierno del PRM. Tiene tres senadores y 29 diputados, mientras que el PLD solo cuenta con diez diputados y sin representación en el Senado.
Sin embargo, el papel de oposición de la FP ha quedado cuestionado por su manejo en casos como la elección de la Procuradora General de la República y siete adjuntos, sin que se hicieran vistas públicas, como exigieron algunos sectores. Ante ese reclamo, los representantes de la oposición, el senador Omar Fernández y Tobías Crespo, no hicieron presión para que se agotara esa fase de entrevistas por parte de los consejeros a los postulantes a esos cargos.
Igualmente, en el proceso de selección reciente de la Cámara de Cuentas, hubo críticas al papel de la oposición en el Senado. Algunos dirigentes del PRM atribuyeron a la FP el fracaso de la anterior Cámara de Cuentas, alegando que el pobre resultado fue producto del criterio de reparto que supuestamente primó en 2021.
En la composición actual, los representantes de la FP en el Senado criticaron la selección, pero los dirigentes del PRM alegaron, que las críticas obedecieron a que no se elegió bajo el criterio del reparto.
Sin embargo, la oposición denunció que el PRM integró la Cámara de Cuentas con la finalidad de protegerse en las funciones cuando salgan de poder y evitar que las investigaciones salpiquen las irregularidades que supuestamente cometen en sus funciones.
PRM ¿Gobierno y oposición?
La directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch, han depositado unos 50 casos de corrupción ante la Procuraduría, sin embargo, al día de hoy ninguno ha sido procesado, salvo el del Bolo 13 de la Lotería Nacional a inicios del gobierno del PRM, del que fue descargado el principal acusado, Luis Dicent. Está en los tribunales la denuncia del contrato del Instituto Nacional de Tránsito (Intrant) y sometido su exdirector, Hugo Beras. Igualmente, en la gestión del PRM, la Contraloría General de la República, ha publicado auditorías que realiza a las instituciones del Estado, lo que ha servido de base a los representantes del gobierno para validar el discurso de transparencia que afirma hay ahora y que no existió en otras gestiones. Desde que el presidente Luis Abinader asumió el gobierno más de 15 funcionarios han sido separado de sus cargos luego de ruidos y denuncias por mal uso de los recursos públicos. Entre esos cambios figuran en Educación, que fue destituido Roberto Fulcar, el primero en ocupar el cargo en la gestión de Abinader y el PRM.
Milagros Ortiz
“Solo nosotros sometemos a nuestra propia gente, que me digan los amigos de otros partidos los que ellos sometieron”
