Ayer diputados discutieron con siete partidos minoritarios y con la sociedad civil el proyecto de ley
Aunque los tres partidos mayoritarios del país están de acuerdo con la existencia de un proyecto de ley que permita y regule la postulación de las candidaturas independientes, los minoritarios están divididos al respecto.
Ayer la comisión especial de diputados a cargo del pliego legislativo de candidaturas independientes recibió a representantes de siete organizaciones políticas que en los pasados comicios sacaron menos de un 1%, algunos de los cuales se expresaron a favor de la figura comicial mientras otros, en contra.
Las opiniones de los dirigentes políticos evidencian que el disenso con el tema de las candidaturas independientes no solo abarca aspectos de los dos proyectos que busca armonizar el equipo de diputados presidido por Elías Wessin, sino también en si debe haber o no un marco legislativo con esta figura.
Entre los partidos en contra de las candidaturas que ordena el Tribunal Constitucional (TC) mediante la sentencia 0788/24 destaca la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Unión Demócrata Cristiana (UDC), y a favor está el Partido Demócrata Institucional.
En el encuentro de este lunes asistieron siete de las 17 organizaciones políticas invitadas por la comisión de diputados, las ausentes enviaron sus propuestas por escrito.
“Aquí no hay hasta ahora, vamos a decirlo así, un consenso de todas las fuerzas políticas. Hay algunas que piensan que sí, otras que no. El deber de nosotros, como comisión, es salir con una solución que armonice ambas posturas”, manifestó Wessin.
FNP califica de “mala” e “inadecuada” sentencia del TC
El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, arremetió contra el fallo del Tribunal Constitucional emitido el 13 de diciembre del 2024, que modificó los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral para permitir las candidaturas sin partidos políticos, y que sean a través de agrupaciones cívicas legalmente reconocidas.
El dirigente político argumentó que la sentencia de la alta corte fue “una mala” e “inadecuada” respuesta a un problema real que tiene el sistema de partidos políticos dominicano, de representación y de participación, que está a la vista de todos.
“Los actores políticos no han querido hacer una reforma a fondo, una cirugía mayor del sistema político para relanzar el sistema político partidario electoral. Han preferido cerrarse. Pero la decisión del Tribunal Constitucional es una respuesta inadecuada y contraproducente a un problema real”, subrayó.
A pesar de su posición, Castillo someterá algunas modificaciones a la matriz legislativa que estudia la comisión especial de diputados, de acuerdo al presidente de la misma.
Sentencia TC busca destruir los partidos, dice “El Gallo”
El presidente del partido UDC, Luis Acosta Moreta (El Gallo), comentó que la sentencia del Tribunal Constitucional lo que busca es “la destrucción de los partidos políticos”, contrario a lo que se dice que éstos son el soporte de la democracia.
PDI: no se le puede impedir a una persona candidatearse
Contrario a las dos organizaciones políticas mencionadas, el Partido Demócrata Institucional, mediante su presidente, Ismael Reyes, dio un espaldarazo a la decisión del Constitucional.
Sostuvo que la Carta Magna y las leyes electorales a partir del año 1916 siempre han garantizado el derecho de participación en los procesos electorales de las minorías, por lo que “no se le puede impedir” a un dominicano o a una dominicana que cumpla con los requisitos de la ley presentarse como candidato.
“De hecho, la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral actual, la 20-23, establece que ella es la ley de partidos y movimientos políticos. De modo que si hay una ley de partidos y movimientos políticos, ¿en qué se transformaría una persona en particular, hombre o mujer, que decida ser candidato a cualquier cargo, cuando comienza a organizarse, qué tiene que hacer?”, cuestionó.
Discrepancia sigue a cinco meses del fallo
A más de cinco meses de la sentencia TC 0788/24 y de 50 días de la Junta Central Electoral (JCE) someter a la Cámara de Diputados un proyecto de ley a esos fines, en el Congreso Nacional aún hay discrepancia en el tema.
Si bien en la reunión del lunes de la semana pasada el órgano comicial flexibilizó el marco legislativo elaborado en consenso con los partidos políticos en lo concerniente al requerimiento para las candidaturas independientes, para que en vez de un 2% del padrón electoral, dicho porcentaje sea de los votos válidos emitidos en la última elección general -como se les exige a los partidos político-, la moción ha divido a los legisladores.
También, aunque en el Congreso hay dos pliegos legislativos que buscan cumplir con la sentencia del TC, senadores y diputados quieren eliminar las candidaturas independientes mediante la supresión de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, los cuales hablan de la referida figura. De esta manera los legisladores pretenden dejar sin efecto el controversial mandato del órgano constitucional al indicar que la Carta Magna no contempla este tipo de candidatura.
Otro aspecto que mantiene las aguas “turbulentas” en la sede del primer Poder del Estado es el de establecer las asociaciones cívicas bajo la Ley 122-05 de Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro.
PC critica propuesta de la JCE
Leidy Blanco, coordinadora nacional de Participación Ciudadana, expresó preocupación por el proyecto presentado por la Junta Central Electoral (JCE) en relación con las candidaturas independientes. Según Blanco, la propuesta, en lugar de facilitar, “crea todas las barreras para imposibilitar esas candidaturas independientes”, contraviniendo el mandato del Tribunal Constitucional de viabilizarlas.
“Encontramos extraño que se haya entregado un proyecto que dificulte realmente su aplicación”, señaló Blanco, refiriéndose al rol de la JCE como rectora de los procesos electorales. Desde Participación Ciudadana, se hizo un llamado a adecuar la normativa para las candidaturas independientes, sin dejar de lado el fortalecimiento del sistema de partidos, pero reconociendo que las candidaturas independientes son un “principio fundamental” ya establecido por el Tribunal Constitucional.
Opinión de Finjus y el marco constitucional
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, cuestionó la posibilidad de integrar eficazmente las movimientos independientes en la Constitución dominicana mediante una nueva normativa.
Según Guzmán, existen “obstáculos permanentes que vienen desde el propio texto constitucional” que dificultan esta tarea, particularmente en lo referente a la cobertura de vacantes y la representación en órganos de poder.
Guzmán señaló que la Constitución dominicana “siempre se refiere a los partidos políticos, no a movimientos independientes”. Puso como ejemplo la designación para llenar una vacante en el Congreso Nacional, un proceso que, según la Carta Magna, recae en los partidos. Asimismo, cuestionó cómo un independiente podría ocupar un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando la Constitución establece que su composición se basa en la “mayoría de partidos políticos”. El jurista hizo referencia a artículos específicos de la Constitución, como el 81 y el 216, para ilustrar las incongruencias que surgirían al tratar de regular la participación independiente sin una reforma constitucional previa. “Se debió haber comenzado con modificar aspectos de la Constitución que les cerraron la vía a los movimientos independientes”, sentenció Guzmán, y sugirió que el debate actual sobre una nueva ley nace de un problema de raíz no abordado.
