La Fiscalía de Santo Domingo arrestó a cinco personas en el municipio de Boca Chica, alegadamente por proxenetismo, y clausuró dos presuntos centros de prostitución.
Contra Heriberto Antonio Reyes Castillo, Alcibíades María Tavarez, Iraisa Tavarez Marte, Juan Ignacio Olivares y Miguel Ángel Alejo Núñez ya se impusieron medidas de coerción, algunos de prisión y otros de garantía económica.
El juez de Atención Permanente de Santo Domingo, Oscar Moquete Cuevas, les impuso a Alcibiades María Tavarez y a Miguel Ángel Alejo Núñez una medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva a ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Mientras que a Heriberto Antonio Reyes Castillo e Iraisa Tavarez Marte, una garantía económica de 300 mil pesos, y a Alcibiades María Tavarez otra garantía económica de 200 mil pesos, éstos tres imputados deberán pagar la fianza por medio de una compañía aseguradora y presentarse periódicamente ante la Fiscalía de Santo Domingo.
Mediante la acción autorizada por un juez fueron intervenidos los centros que se dedican a prostituir mujeres identificados como Las Conejitas, Hotel Candy Shop y Casa Iraisa House.
Según expuso el Ministerio Público, el Hotel Candy Shop y Casa Iraisa House fueron clausurados temporalmente hasta tanto se concluyan las investigaciones. En el caso de Las Conejitas no fue cerrada porque el juez no lo autorizó.
El operativo se realizó en coordinación con el general Héctor García Cuevas, director regional de la Policía en Santo Domingo Este, quien le asignó a la fiscal Olga Diná Llaverías, un equipo compuesto por 100 miembros de la institución del orden.
En la intervención a los centros nocturnos, también participaron miembros de los departamentos antinarcóticos, Trata y Tráfico de Personas de la Policía, del U.S IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT, de los Estados Unidos y de la Policía Internacional (INTERPOL).
Durante el operativo también fueron visitados varios colmadones donde se midieron los decibeles o intensidad del volumen de la música.
La fiscal titular de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, explicó que a las cinco personas se les solicito medidas de coerción por supuesta violación de los artículos 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano.
