GUATEMALA (AP) — Mientras gritaban lemas y ondeaban pancartas en protesta por los altos precios de la electricidad, miles de indígenas inermes bloqueaban una carretera en el oeste de Guatemala.
Llegaron dos camiones de soldados y se escucharon disparos de armas de fuego. El saldo: ocho manifestantes muertos y 34 heridos.
Lo que siguió a este incidente ocurrido el 4 de octubre no tenía precedentes en este país flagelado por décadas de guerra civil y violencia contra la mayoría indígena, así como por años de impunidad para las poderosas fuerzas militares.
Las autoridades emprendieron las investigaciones de los hechos de violencia y detuvieron a los presuntos responsables.
La fiscal general de la república — ex activista de derechos humanos conocida por su audaz persecución de criminales— envío al menos 175 fiscales e investigadores al lugar de la protesta, donde recogieron casquillos, muestras de sangre y evidencia de ADN.
Otros viajaron a dos hospitales cercanos para entrevistar a los manifestantes heridos y testigos.
En una semana, los fiscales detuvieron a ocho soldados rasos y un coronel a los que fincaron cargos penales.
Dos de los soldados y el coronel podrían afrontar cada uno penas máximas de 500 años de prisión por el cargo de ejecución extrajudicial y seis efectivos, 320 años, por el cargo de ejecución extrajudicial en grado de tentativa.
En un informe adjunto se afirma que los militares desatendieron las recomendaciones de la policía de que se mantuvieran a distancia de la protesta.
El presidente Otto Pérez Molina, ex general del ejército al que se ha investigado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, dijo que apoyaba la pesquisa y aceptaría las disposiciones de la fiscal general.
Pérez Molina se comprometió además a nunca utilizar de nuevo efectivos militares para suprimir protestas, bloqueos e invasiones de tierras, acciones a las que recurre la mayoría predominantemente pobre de Guatemala cuando protesta contra políticas del gobierno.
