Hasta que entró en vigencia la ley de financiación de los partidos políticos por vía del presupuesto nacional, prevaleció en el país la práctica de la concesión de exoneraciones a las organizaciones en los períodos electorales.
Era una de las formas más aberrantes de clientelismo, pues el Ejecutivo se valía de dicho mecanismo para beneficiar a las formaciones políticas inclinadas a favorecer el candidato oficialista, especialmente cuando se trataba de Joaquín Balaguer. Se daban casos en que el Ejecutivo otorgaba una cantidad de exoneraciones para la importación de vehículos en favor de grupos políticos que alcanzaban menos votos que las exenciones recibidas. Mientras tanto, partidos de militancia reconocida no eran atendidos en la misma magnitud de su poder electoral. Es decir, que las exoneraciones servían como arma para disminuir electoralmente a determinados adversarios. Además, esas “facilidades” eran medios de corrupción, ya que a ellas accedían políticos, sindicalistas, comerciantes, militares, periodistas y otros actores sin atender a parámetros más allá que el simple favoritismo. Generalmente dichas “facilidades” terminaban comercializadas en el mercado de vehículos. La ley de financiación de los partidos puso fin a esa aberración y, a pesar de que algunos la critican, es mucho más transparente que depender de la voluntad de un político en afanes electorales. En el mecanismo discrecional anterior, los partidos no estaban en capacidad de elaborar un presupuesto de campaña con alguna posibilidad de certeza, ya que no sabían cuántas exoneraciones les otorgaría el Ejecutivo. Sin embargo, luego de la vigencia de la ley, esa incertidumbre desapareció, pues las organizaciones conocen anticipadamente los ingresos que percibirán en función de su desempeño en las elecciones previas. Ahora mismo está el escarceo, con tintes electorales, que atribuye al Gobierno haber dado facilidades a dirigentes peledeístas como compensación por trabajo político, lo que motivó una investigación de la Junta Central Electoral, aun sabiendo la JCE que esa indagatoria escapa al ámbito de su competencia mientras no sea declarada abierta oficialmente la campaña proselitista. Pero además, se lleva a cabo la investigación a pesar de que desde el Gobierno lo han negado voces muy autorizadas, aunque siempre es aconsejable poner en duda “la verdad oficial”.
Algunos lanzan la acusación, quizá atendiendo al adagio colombiano de que “rumor que dura más de ocho días, es verdad”.
