BRASILIA— La fiscalía acusó el lunes a cuatro bomberos de improbidad administrativa en la concesión del permiso de funcionamiento de una discoteca en el sur de Brasil que se incendió en enero, una tragedia que dejó 242 muertos.
Al presentar los resultados de una investigación de cinco meses en la acción civil por el incendio de la discoteca Kiss, en la ciudad de Santa María, la fiscalía presentó cargos contra cuatro miembros del cuerpo de bomberos que estuvieron involucrados en la concesión del permiso de funcionamiento de la casa nocturna.
Fueron responsabilizados Altair de Freitas y Moisés Fuchs, comandantes de los bomberos de la zona, así como Daniel da Silva y Alex da Rocha Camilo, ex jefes de prevención de incendios. Los cuatro ocuparon sus cargos en el cuerpo de bomberos de Santa María entre 2008 y 2013, cuando se concedieron los permisos de operación de la discoteca Kiss.
Ningún integrante de la alcaldía de Santa María fue responsabilizado por la tragedia, pese a que la entidad también concedió permisos de funcionamiento de la casa nocturna.
En marzo, la fiscalía había acusado criminalmente a ocho personas por el incendio, incluyendo dos integrantes de la banda Gurizada Fandangueira, que tocaba esa noche, y los dos propietarios del club.
El fiscal Mauricio Trevisan dijo en conferencia de prensa en Santa Maria que los bomberos utilizaron un programa de computación para analizar el proyecto de instalación del club sin hacer una evaluación detallada del proyecto técnico para la apertura del local en 2010.
“Hay varias irregularidades en la discoteca y el proyecto técnico, esos puntos debían ser señalados”, declaró Trevisan.
Tras el incendio, testigos destacaron que el local contaba con solo una salida, la cual estaba bloqueada por barreras de metal para impedir que las personas salieran sin pagar. Testigos apuntaron también que los extintores de incendio no funcionaron.
El incendio, ocurrido la madrugada del 27 de enero, comenzó cuando el cantante de la banda que tocaba lanzó una bengala que pegó en el techo, el cual estaba cubierto con una espuma aislante de sonido que se quemó y emitió humaradas tóxicas. La mayoría de las víctimas fatales murieron por asfixia al respirar el gas tóxico.
La tragedia en Santa María también generó alertas en todo Brasil sobre la situación de casas nocturnas en todo el país, donde problemas de falta de seguridad se hicieron evidentes y muchas funcionan sin autorización.
Entre tanto, en Brasilia, la oficina del Abogado General de la Unión (AGU), brazo jurídico del gobierno, presentó un recurso para cobrar más de 750,000 dólares de los dueños de la casa nocturna para cubrir los gastos de beneficios jubilatorios concedidos a 17 empleados del local o sus dependientes que fueron víctimas del incendio.
Según la acción, el Instituto Nacional de Seguridad Social ha tenido que incurrir en gastos para cubrir pensiones y ayuda por enfermedad para trabajadores de la discoteca afectados por el incendio, que a su vez “resultó de la negligencia del establecimiento en relación con las normas de protección y salud de los empleados”, según un comunicado del AGU.
