Recientemente, el Poder Ejecutivo sometió un anteproyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Salud. Esta iniciativa retoma lo que ya existía en la Ley General de Salud 4701, en relación con la descentralización y autonomía de gestión de los centros de salud públicos.
Esta acción, la cual por lo anterior no es una nueva iniciativa, pretende que los servicios de salud públicos trabajen primero en redes de salud y que sean más accesibles a la población para de esa forma mejorar la prestación en cuanto a acceso, así como a calidad de la misma. Pero nos cuestionamos si para eso se necesita una nueva plataforma legal. Eso está contemplado ya en la ley vigente. Lo que ha sucedido es que no se ha cumplido.
Las necesidades históricas de la red son claras y evidentes. La falta de controles y un sistema de consecuencias ha sido la piedra angular de ese desorden. Definitivamente ha faltado esa decisión política.
Ojalá y esto no debilite más al Ministerio de Salud convirtiéndose en una acción dirigida por nuevos cacicazgos, los cuales diluyan las responsabilidades y la efectividad de las ejecutorias de las propias políticas públicas de salud.
No es la primera estocada al Ministerio, ya que en la pasada gestión se estableció una estructura paralela y que aún se mantiene bajo la sombrilla del gabinete social financiado con un préstamo de cientos de millones de dólares del Banco Mundial cuyo móvil es el de descentralizar y mejorar las redes de atención primaria.
Vamos a ver qué sucede. Pero nos queda claro que para establecer una administración eficiente y exigir el cumplimiento al personal de salud, no es necesario un nuevo marco legal.
