Una discusión entre un funcionario y periodistas por asuntos cotidianos o de recelos no es nada del otro mundo.
Puede verse hasta como un impasse de esos que cualquiera tiene en el trabajo o en su casa.
Nos calmamos y todo sigue igual. Sin embargo, que un alto oficial de un organismo antidrogas haya amenazado con incluir en expedientes criminales con penas severas a un ciudadano por algún recelo, sí es algo grave que debe tener consecuencias.
Si es cierto lo que dicen los reporteros del Aila sobre el teniente coronel Johan Liriano, hay que investigar a cuántos inocentes este hombre ha metido en expedientes delincuenciales. Las autoridades deben aclarar esta denuncia.
