El exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Alberto Alcibíades Holguín, y la ingeniera Sobeida Perdomo, solicitaron, a través de sus abogados, la no prosecución de la acción penal y el archivo definitivo del expediente.
Durante la audiencia preliminar, presidida por la jueza del séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, la defensa de Sobeida Perdomo Ogando, encabezada por la abogada Ingrid Hidalgo, solicitó la no prosecución de la acción penal, una indemnización por 30 millones de pesos y el archivo definitivo del expediente.
Hidalgo cuestionó que el MP a través de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) esté imputando a dos personas naturales y que no incluyera a la empresa de la ingeniero Sobeida, lo que a su juicio es algo inadmisible desde el punto de vista del Derecho.
MP insiste en ir a juicio de fondo
De su lado, el Ministerio Público rechazó estas solicitudes y pidió seguir adelante con el proceso, tras considerar que los incidentes presentados por la defensa no tienen asidero jurídico y los que se estaban presentando carecían completamente de asidero jurídico.
En la acusación, el MP asegura que Holguín Cruz, quien es imputado por los delitos de falsedad, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, habría otorgado nueve contratos a una misma persona, ocho de ellos en un solo día, por un monto de RD$392,574,125.40.
La beneficiaria de los contratos sería la ingeniera Sobeida Perdomo Ogando, propietaria de la empresa Ingeniería Civil y Ambiental (ICA).
La audiencia de ayer, que se extendió durante varias horas y tuvo un par de recesos, fue aplazada para el próximo miércoles 28 de septiembre.
Holguín es acusado de enriquecimiento ilícito
El exdirector del Inapa, Alberto Holguín, fue sometido a la Justicia el pasado 13 de agosto, por presunto enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción durante su gestión. El expediente acusatorio fue depositado por ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional y establece que el funcionario violó a la ley 82-79 y el Código Penal.
