WASHINGTON— La agresiva persecución que hace el gobierno de Estados Unidos a las filtraciones y sus esfuerzos para controlar la información tienen un efecto desalentador entre los periodistas y los informantes en entidades del gobierno, de acuerdo con un reporte divulgado el jueves sobre la libertad de prensa en Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Barack Obama.
El Comité para la Protección de Periodistas realizó su primer análisis sobre la libertad de prensa en Estados Unidos en un contexto que incluye un número sin precedente de procesos judiciales que el gobierno de Obama ha iniciado contra fuentes gubernamentales y para la incautación de material periodístico. Por lo general el grupo se centra en la defensa de la libertad de prensa en el extranjero.
Leonard Downie, ex director ejecutivo del diario The Washington Post, preparó un análisis de 30 páginas titulado “The Obama Administration and the Press” (El gobierno de Obama y la prensa). El informe señala que el presidente Barack Obama ascendió al gobierno comprometiéndose a tener apertura y transparencia tras haber criticado el hermetismo del gobierno de George W. Bush, “pero no ha cumplido con su promesa”.
“En el Washington del gobierno de Obama, los funcionarios se sienten cada vez más temerosos de hablar con los periodistas”, afirma Downie, quien ahora es catedrático de periodismo de la Universidad Estatal de Arizona. “La guerra del gobierno contra las filtraciones de noticias y otros esfuerzos para controlar la información es la más agresiva que he visto desde el gobierno de (Richard) Nixon, cuando era uno de los editores que participó en la investigación de The Washington Post sobre Watergate”.
Downie entrevistó a numerosos reporteros y editores, entre ellos un importante director de noticias de The Associated Press, después que se reveló este año que el gobierno había obtenido secretamente los registros de las líneas y centrales telefónicas usados por más de 100 periodistas de AP. Downie también entrevistó a periodistas cuyas fuentes han sido encausadas.
Los funcionarios sospechosos de compartir información secreta son a menudo objeto de investigación, son sometidos a detectores de mentiras, escrutinio de sus apuntes de llamadas telefónicas y correos electrónicos, y actualmente a la vigilancia de sus compañeros de trabajo bajo un nuevo programa de amenaza de personas con información privilegiada (“Insider Threat Program”) que se ha aplicado en todas las agencias.
“No existe duda que las fuentes se cuidan más la espalda”, dijo Michael Oreskes, vicepresidente y director editorial de AP, a Downie. “Las fuentes están más temerosas y más distantes, no sólo cuando se refiere a las informaciones sobre seguridad nacional. Mucha mayor inquietud se deja sentir en temas de rutina. El gobierno de Obama ha sido extremadamente controlador y extremadamente reacio a la intervención periodística”, agregó.
Con el objeto de evitar a los periodistas, la Casa Blanca ha desarrollado su propia red de sitios cibernéticos, redes sociales e incluso creó un noticiero en internet a fin de divulgar información e imágenes favorables. En algunos casos, la Casa Blanca produce videos de reuniones del presidente con personalidades importantes que no habían sido incluidas en el programa de actividades público. Por el contrario, fueron mantenidos en secreto, algo nunca visto en gobiernos pasados, destacó el reporte.
Frank Sesno, ex jefe de la corresponsalía de CNN en Washington, quien ahora es director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, dijo a Downie que los esfuerzos combinados del gobierno de Obama están “restringiendo el flujo de la información”.
“Un diálogo abierto con el público sin filtros es bueno, pero si se usa para propaganda y para evitar el contacto con los periodistas, es un terreno muy resbaladizo”, destacó Sesno.
En el reporte, los funcionarios de la Casa Blanca objetaron los resultados de que el gobierno haya limitado la transparencia o la información. El secretario de prensa Jay Carney señaló que ese tipo de quejas forman parte de la “tensión natural” entre la Casa Blanca y la prensa.
“La idea de que las personas guardan reserva y no filtran información a los periodistas se contradice con los hechos”, le dijo Carney a Downie.
El asesor de seguridad nacional Ben Rhodes afirmó que todavía se hace periodismo de investigación sobre asuntos de seguridad nacional con información de “fuentes no autorizadas con mucha información no reservada y algo de información secreta”.
Downie halló que los ataques terroristas del 11 de septiembre fueron un “momento decisivo” que llevó al hermetismo, la vigilancia y el control de la información. Existe poca comparación directa entre los gobiernos de Bush y Obama, aunque algunos periodistas le dijeron a Downie que el gobierno de Obama ejerce un mayor control.
“Cada gobierno aprende del previo”, señaló Bob Schieffer, corresponsal en jefe del buró de CBS en Washington. “Se vuelven más herméticos y ponen mayores controles a la información”, agregó.
Poco después del inicio de la presidencia de Obama, la Casa Blanca fue objeto de presiones por parte de las agencias de inteligencia y del Congreso para que detuviera las filtraciones de información sobre seguridad nacional. El primer proceso judicial del actual gobierno por esa causa fue en abril del 2009 contra un lingüista hebreo que trabajaba en el FBI, quien dio información secreta sobre Israel a un bloguero. Otros procesos siguieron.
Hasta la fecha seis empleados del gobierno y dos contratistas han sido enjuiciados por delitos de espionaje por haber pasado información secreta a los periodistas. Durante todos los gobiernos anteriores, solo se presentaron tres procesos de ese tipo.
En el 2012, un reporte de la AP sobre una exitosa operación de la CIA para desmantelar la explosión de una bomba en Yemen intensificó los esfuerzos del gobierno de Obama, aun cuando la Casa Blanca felicitó a la CIA por la operación, dice Downie en el informe. En mayo, cuando se reveló que el gobierno había dictado una orden judicial secreta y había obtenido los registros telefónicos de AP, hubo críticas por parte de varios organizaciones de noticias y de defensores de los derechos civiles.
En septiembre, el Departamento de Justicia anunció que los registros telefónicos de AP llevaron a los investigadores a detectar a un técnico en bombas del FBI, quien se declaró culpable de haber revelado la operación a un periodista.
“Este proceso demuestra nuestra intención de hacer rendir cuentas a quien sea que viole su deber solemne de proteger nuestros secretos nacionales y de impedir futuras filtraciones, posiblemente devastadoras, por parte de aquellos que deseen ignorar sus obligaciones de salvaguardar información secreta”, dijo el Departamento de Justicia el mes pasado.
Kathleen Carroll, vicepresidenta senior y directora ejecutiva de AP, dijo que el informe pone de manifiesto las crecientes amenazas contra el periodismo independiente en un país que ha usado a la libertad de información como medida de una sociedad democrática durante dos siglos.
“Creemos que debemos luchar por esas libertades cada día mientras el velo del secreto se posa sobre todo nivel de la actividad del gobierno”, destacó en una declaración. “Vale la pena mantener esa lucha, como vimos cuando la indignación causada por la revisión secreta de los registros telefónicos de AP por parte del Departamento de Justicia llevó a propuestas de revisión destinadas a proteger a los periodistas de técnicas de investigación desmesuradas. La aplicación de esas revisiones es un importante siguiente paso”.
En este reporte, el Comité para la Protección de los Periodistas recomienda varias reformas, que incluyen poner fin a la práctica de acusar de espionaje a las personas que filtren información a los periodistas e impedir que se den órdenes secretas para obtener historiales de los periodistas.
