Un ministro brasileño se vio precisado a renunciar después que un diario de Sao Paulo informó que su esposa usaba como “chofer particular” a una persona pagada por el Parlamento, y días más tarde se publicó la renuncia de un legislador puertorriqueño incapaz de probar de dónde sacó el dinero para comprarse un automóvil de lujo.
Estos dos hechos bastarían para derrumbar los infelices argumentos con los cuales se justifica entre nosotros la total ausencia de acción para combatir la corrupción, a despecho de las múltiples y espantosas denuncias publicadas en los últimos años en los medios. Con frecuencia se nos dice que probar la corrupción es muy difícil y por ende casi imposible combatirla y ni soñar erradicarla. La verdad es que hemos llegado al punto en donde nos encontramos por falta de voluntad política. Lo demuestran los casos de renuncias del ministro brasileño y el senador puertorriqueño.
El problema es que si los parámetros con que se mide la corrupción en esos dos países se dieran en el nuestro, no tendríamos gobierno y probablemente también muy pocos periodistas. Los cables de Wikileaks publicados en las últimas semanas revelan que esa falta de voluntad es percibida en el exterior y se da en los más altos estamentos del poder político dominicano. Nadie pretende en el país que no ocurran hechos indecorosos en la esfera gubernamental. Lo criticable es la indiferencia de las instancias públicas responsables de velar por que no ocurran y no se adopten sanciones para castigar aquellas que están a la vista de todo el mundo.
Por eso hemos alcanzado una deshonrosa fama en el exterior, vinculada a los elevados niveles de impunidad que nos convierten, según organismos e instituciones internacionales, en uno de los países con mayor grado de corrupción. Una realidad que está acabando con la reputación del oficialismo mientras disfrutan de la piñata.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
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