Las negociaciones para la firma de un Pacto Fiscal entre el Gobierno y los sectores representativos de la sociedad aún no se inician, al menos oficialmente, y ya desde algunas áreas del empresariado nacional han surgido voces que adelantan sobre las consecuencias negativas que pudieran tener determinados gravámenes sobre la población y la economía.
La clase empresarial demanda del Gobierno una política clara de austeridad, que se traduzca en la reducción de los gastos innecesarios y en la captación de recursos por medio de la transparencia en algunas de sus operaciones contractuales, tanto de construcción de obras como de otras negociaciones en que incurre el Estado.
El sector financiero también acaba de dar un paso adelante, señalando que un eventual impuesto a los ahorros tendría consecuencias negativas para la economía de los ciudadanos y empresas.
Tienen razón los representantes de los sectores productivos al reclamar señales de austeridad en el Gobierno, pero es indudable que una nueva reforma fiscal será inevitable, por lo menos para iniciar mínimamente bien el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del próximo año.
Ya lo adelantó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, al señalar que se gestionará un acuerdo con el sector empresarial para incluir en el presupuesto de 2013 una reforma fiscal que sirva de sustento a los compromisos económicos que ha de asumir el Estado.
No hay dudas de que uno de los tres grandes pactos que propone el presidente Danilo Medina es el sustento de los otros dos. Se trata del Pacto Fiscal. Sin ese acuerdo, no sería posible la viabilidad de los pactos por la Educación y Eléctrico.
En tal sentido, el Gobierno debe apresurar el paso, a los fines de lograr el consenso necesario con todos los sectores involucrados, especialmente los productivos, antes de octubre, mes en el que debe estar lista la propuesta presupuestaria para el próximo año.
