Los conflictos entre dirigentes han marcado la vida del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). La búsqueda de soluciones agotaron muchas energías y tiempo de sus líderes: primero Juan Bosch y luego José Francisco Peña Gómez.
El 9 de abril de 1980, Peña Gómez, secretario general, reunió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para darle un informe de su participación en la Conferencia Regional de la Internacional Socialista celebrada en Lima, Perú. Informó que tuvo la oportunidad de viajar en el mismo avión con los líderes Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y Mario Soares, de Portugal. Aseguró que durante la reunión con los líderes de América Latina y Europa toda la atención del continente estuvo fijada en la República Dominicana.
En Lima fue enterado de un conflicto que llevaría a los tribunales a los dirigentes Hatuey de Camps e Ivelisse Prats de Pérez. A los miembros del CEN dijo: “He regresado al país firmemente a poner orden en la casa, y a hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Décima Convención Nacional”. En un discurso difundido a través de Tribuna Democrática, el 10 de abril de 1980, advirtió que fue con esa disposición que convocó a la reunión del CEN la pasada noche.
La primera decisión adoptada por el CEN fue la designación del Consejo Nacional de Disciplina. Resultaron escogidos para integrar el organismo: arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, presidente interino, porque no quiso renunciar de manera definitiva a su cargo de director del Departamento de Asuntos Técnicos; Germán Polanco, Castor Feliú, José L. Paulino, y Rosa Julia de la Cruz, miembros. Suplentes fueron escogidos Héctor López Zorrilla, Rubén Lulo, Plinio Pérez Jiménez, Eduardo Melo y Domingo Tavárez Areché. Fueron juramentados en el acto y de inmediato la Secretaría General apoderó al organismo del sometimiento al Consejo de Disciplina a los “compañeros Hatuey de Camps e Ivelisse Prats Ramrírez de Pérez.
En la carta petición, el doctor Peña Gómez consideró que los dos dirigentes han protagonizado una desagradable y destemplada polémica sobre cuestiones personales, que daña la imagen del PRD y disminuye el crédito que han sabido ganarse por su consagración a la defensa del pueblo dominicano.
Peña Gómez pidió a sus dos compañeros no llevar el caso a la justicia porque equivaldría a una falta de fe en los órganos disciplinarios del partido. También le expresó al Consejo de Disciplina su opinión personal de que el enojoso asunto “no involucra violación a los principios esenciales del Partido, ni transgresión al programa del mismo, ni a la lealtad que le profesan”. Y llamaba la atención, salvo el mejor parecer de los miembros del Consejo, que si Hatuey e Ivelisse desistían de dirimir el caso en la justicia, se les impusiera a ambos una sanción benigna, tomando en cuenta que la falta ha sido cometida por ambos, aunque ha habido mayores excesos verbales de parte del compañero Hatuey.
Peña Gómez impidió un desborde de emociones. El 10 de abril de 1980 el PRD tenía un líder árbitro y mediador. Por eso el pasado fue diferente al presente.