Cualquier agente de policía que esté de servicio en una comunidad puede detener la emisión de ruidos que amenacen la paz pública. Los ciudadanos que sean afectados por la producción de ruidos de colmados, discotecas, plantas eléctricas, templos religiosos, vehículos de motor o de cualquier otra fuente pueden denunciar los casos ante la Procuraduría de Medio Ambiente.
El titular del organismo, el magistrado Andrés Chalas, explicó que una fiscalía barrial cualquiera puede tomar la denuncia y procesarla, pero aclaró que la persecución de la contaminación por ruido es más rápida y eficiente si se activa por ante la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene dependencias en todas las provincias del país.
Chalas indicó que la Ley de Medio Ambiente (64-00), conjuntamente con la Norma de Ruidos del Ministerio de Medio Ambiente, ya ha permitido establecer condenas ejemplares de cárcel, incautación de aparatos, cierres de negocios y pagos de indemnización a los ciudadanos que trasgreden la vida privada de los demás con la generación de diversos tipos de ruido.
“Los ciudadanos pueden acercarse al Ministerio Público con toda confianza. Incluso, el Ministerio Público puede actuar de oficio, porque así se contempla en la Ley de Medio Ambiente y en el Código Procesal Penal”, dice el magistrado en el interés de orientar a la población.
También señala que los agentes policiales que estén de patrullaje están llamados a paralizar el ruido flagrante que encuentren en cualquier punto del país. Levantada el acta de flagrancia, dice Chalas, el Ministerio Público se apodera del caso hasta llegar a una conclusión.
Para establecer sanciones por contaminación sónica, las autoridades se basan en la Normativa de Ruido emitida por Medio Ambiente. En la misma se indica que el límite en las horas del día es de 65 decibeles, mientras que en las horas nocturnas se fija en 55 decibeles. El decibel es la unidad internacional de medición de la intensidad del sonido. El aparato que utilizan los fiscales para registrarlo se llama decibelímetro.
Santo Domingo Este se ha convertido en un ejemplo nacional de lo eficaz que puede ser la lucha contra la contaminación sónica. En el municipio es famosa la fiscal Raquel Cruz por enfrentar establecimientos de recreación acostumbrados a colocar el volumen de la música por encima de los mandatos legales.
En importantes enclaves recreativos como los de las avenidas Venezuela y San Vicente de Paul, De la Cruz cerró negocios y confiscó aparatos.
Ministerio también recibe denuncias
En el artículo 114, la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) indica que el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con los ayuntamientos, regulará la emisión de ruidos y sonidos molestos o dañinos al medio ambiente y la salud, en las zonas residenciales de las áreas urbanas y rurales, así como el uso fijo o ambulatorio de altoparlantes. El mandato se amplía mediante resolución.
