El gobierno de Leonel Fernández ha hecho grandes inversiones en infraestructura vial, pero no ha avanzado en el problema estructural del sector transporte.Han sido muchos los amagos de distintos gobiernos para resolver la problemática del transporte en el país, sin que hasta el momento ninguno haya podido adecentar un sector que anárquico y primitivo se convierte en el dolor de cabeza de millones de usuarios cada día.
Desde 1966, con el surgimiento de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), durante varios períodos de gobierno de Joaquín Balaguer y los que le han seguido, han ido engrosando la lista de instituciones llamadas a reorganizar el sector. La última creación fue la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) en 2005 concebida durante la segunda administración de Leonel Fernández.
En 45 años, el Estado ha parido siete instituciones con funciones similares o parecidas en torno al sector transporte, con asignaciones presupuestarias y sin planes concretos para mejorar el servicio: la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), el Consejo Nacional de Transporte, conocido como Plan Renove, que degeneró en el Fondo de Desarrollo de Transporte Terrestre creado en 2007 después de la OPRET, esta última creada mediante el decreto 477-05 con carácter transitorio.
En el artículo 1 del referido decreto, el Gobierno de Fernández facultó a esa entidad para realizar los estudios técnicos, legales e institucionales necesarios para conformar una Autoridad Autónoma y Única del Tránsito y Transporte, que fundiera las demás entidades en una y diera paso a un Ministerio de Transporte.
Otra de sus atribuciones serían el diseño y construcción de la red de Metro en la ciudad de Santo Domingo.
A seis años de vida institucional, la entidad que dirige Diandino Peña, sólo puede exhibir avances en el segundo objetivo: construir las líneas de ferrocarril, no así en el diseño y gestión del proyecto de política integral de transporte que le fue asignado.
Sobre el particular, el subdirector de la OPRET, Leonel Carrasco, afirma que el proyecto de ley todavía se encuentra en el Congreso Nacional a espera de ser sancionado, aunque fuentes de la Cámara de Diputados aseguran que la pieza perimió sin haber sido impulsado por las partes. En su lugar fue depositado un nuevo proyecto de ley elaborado por el diputado peledeísta Tobías Crespo, cuyo conocimiento se efectuaría en las próximas semanas.
Para Hamlet Hermann, quien se encargó de regentar la AMET en la primera gestión peledeísta, la demora en la aprobación del proyecto se resume en la falta de voluntad política para resolver la problemática.
Considera que la OPRET ha sido otro fracaso del Gobierno y que sólo sirvió como coartada para justificar la construcción del Metro, cuya primera línea costó más de RD$25,000 millones, y la segunda superará los RD$30,000 millones.
“La construcción es la alcancía electoral del grupo de Leonel Fernández, la gran corrupción del Gobierno proviene del Metro”, afirma Hermann. Dijo que hay que hacer reformas estructurales en el sector transporte.
Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra) coincide con Hermann al afirmar que al Gobierno no le interesa adecentar el sector transporte. “Esa ley la han engavetado para que siga el desorden”. Marte reconoce el caos existente en uno de los servicios básicos que el Estado debería garantizar a los ciudadanos, pues constituye un pilar fundamental para el desarrollo de un país y para la economía de los ciudadanos.
Fracaso
“La irresponsabilidad del Estado ha hecho que los choferes hagan lo que quieran, y que impongan su propia ley, porque los Gobiernos han cogido los sindicatos como activismo político”.
Considera que la gran cantidad de instituciones dedicadas al sector transporte son una fuente de clientelismo para satisfacer las apetencias de grupos que apoyan a los distintos partidos políticos cuando suben al poder.
“Son nómina del Estado, una carga de los gobiernos para ubicar a su gente, un justificante para llenar la nómina”.
Distintos gobiernos han implementado soluciones de transporte colectivo que a la larga han fracasado. Desde la Onatrate durante la gestión de Antonio Guzmán (1978-82), las guaguas banderitas de Balaguer (1986-96) hasta la más reciente receta del gobierno de Leonel Fernández, la OMSA, que tambaleante lucha por mantenerse en operación con limitación de recursos y una pobre administración de lo poco de que dispone.
Sobre este último intento, Hermann opina: “El Gobierno quebró a OMSA a propósito, no quiere que resuelva el problema del transporte porque le quita la coartada del Metro y de otras obras”.
Al problema de las destartaladas unidades que circulan por las calles y avenidas, se suma el caos en el tránsito, donde los interminables tapones entorpecen la circulación vehicular, lo que se traduce en un alto consumo de combustible y pérdidas para conductores y peatones.
Cada cual aspira a comprar un vehículo para resolver, lo que amplía el parque de autos sin control”.
Hamlet Hermann
ex director de la AMET
La irresponsabilidad del Estado ha hecho que los choferes hagan lo que quieran y que impongan su propia ley”.
Antonio Marte
presidente de Conatra
Las soluciones deben verse en el largo plazo
Leonel Carrasco, subdirector de la OPRET, considera que el camino para la solución a los problemas sociales como el transporte, es tortuoso y sus resultados se deben medir a largo plazo.
Afirma que se han logrado avances a través del FONDET y del programa de educación que ejecuta la Escuela Nacional de Educación Vial que ha formado a cerca de 500 choferes de distintas instituciones.
Dijo que no se han producido cambios más notorios por la falta de una adecuada asignación presupuestaria, ya que los fondos resultan insuficientes para resolver los problemas en un breve período de tiempo.
