En poco más de cuatro años, el mundo ha sido testigo de dos fuertes incrementos en los precios internacionales de los alimentos. Estos shocks pusieron freno a la lenta caída que venía experimentando el número de personas que pasan hambre en el mundo y han terminado revirtiendo la tendencia. Además, puso en evidencia la fragilidad de la situación alimentaría en los países en desarrollo, en especial de los más pobres que dependen en gran medida de alimentos importados. Los aumentos de precios llevaron a millones de personas de vuelta a la pobreza, profundizaron la pobreza de muchas otras y tensionaron las cuentas externas de muchos países. Alguien llamó a esto “el tsunami silencioso”.
Las crisis alimentarias han vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de impulsar políticas para garantizar la llamada “seguridad alimentaria”, la cual se define como una situación en la que “todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.
Como se ve, la seguridad alimentaria se trata de un concepto abierto que no entraña ideas previas sobre las políticas necesarias para alcanzar ese objetivo. No sugiere alguna política específica de producción o de comercio. En ese sentido, aunque el concepto es útil en tanto define un objetivo general, se puede argumentar que queda vacío de contenidos precisos.
Esto es decepcionante porque no orienta respecto a las respuestas concretas frente a la crisis alimentaria y más generalmente frente a las tendencias de las últimas décadas a incrementar la dependencia alimentaria y por tanto la vulnerabilidad de los países frente a este tipo de shocks.
En décadas recientes, la dependencia y la vulnerabilidad alimentaria de muchos países pobres se han incrementado debido a las políticas de orientación neoliberal que han liberalizado el comercio y han promovido el abandono de las políticas de desarrollo productivo. En algunos casos, en adición a lo anterior, el fuerte crecimiento económico y poblacional han impulsado las importaciones ante la incapacidad de los sectores agropecuarios de satisfacer la creciente demanda de alimentos.
Frente a ese vacío, ha surgido el concepto de “soberanía alimentaria” el cual rescata al menos dos cosas. Primero, el derecho de los países y de su gente a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos para garantizar la alimentación de la población.
Esto es un claro rechazo a la dramática pérdida de soberanía que han tenido los Estados en la definición de sus políticas, y a la fuerte influencia de actores externos como gobiernos, agencias y corporaciones globales en ellas, y que son responsabilizadas de la situación. A esto contrapone una participación activa y democrática de la ciudadanía en la definición de las políticas nacionales.
Segundo, que en la definición de nuevas políticas, la agricultura de pequeña y mediana escala debe ser actora y beneficiaria de ellas. Esto se opone a que las políticas agrícolas se reduzcan a favorecer exclusivamente a los grandes agronegocios de exportación y a que continúen ignorando y excluyendo al campesinado.
Cabe recordar que la pequeña producción no es sólo responsable de una proporción considerable de los alimentos disponibles en mercados locales y nacionales sino también que son los y las productoras y sus familias quienes, paradójicamente, más sufren de inseguridad alimentaria.
Algo relevante es que el concepto de soberanía alimentaria no está predefiniendo la política concreta para alcanzar la seguridad alimentaria sino que ésta debe responder al contexto específico de cada región, país o territorio.
En ese sentido, aunque pone énfasis en la producción nacional de pequeños productores, no está sugiriendo la autosuficiencia como la política óptima.
Tampoco propone el aislamiento como forma de blindarse de influencias externas.
El concepto de soberanía alimentaria más bien complementa al de seguridad alimentaria, en particular precisando quien debe definir las políticas, recordando a quien no debe excluirse de su implementación y de sus beneficios, recuperando el valor económico, social, cultural y ambiental de la pequeña producción, y apuntando a la producción nacional y local como parte inapelable de la solución.
