Caos en rutas de transporte; controles arrabalizan áreas

El caos y la arrabalización reinan en los lugares escogidos por los choferes de vehículos públicos para operar rutas  el…

El caos y la arrabalización reinan en los lugares escogidos por los choferes de vehículos públicos para operar rutas  el Gran Santo Domingo.

Utilizan como base de operación cualquier parque, solar vacío, el área exterior  de una iglesia o centro deportivo, al lado de un cementerio y hasta debajo de árboles para despachar las unidades.

Aunque el decreto que crea la Opret establece su responsabilidad para implementar políticas generales de transporte, esta entidad concentra sus mayores esfuerzos en lo relativo a la construcción y puesta en funcionamiento del Metro de Santo Domingo.

De acuerdo con Leonel Carrasco, subdirector de la Opret, el espíritu del decreto fue crear una entidad que se ocupara de las políticas del transporte en sentido general, que tomara en cuenta el naciente sistema del metro.

Sin embargo, en la práctica cada una de las instituciones vinculadas al sector ha seguido operando sin ningún cambio como si no existiera el decreto 477-05.

En ocasiones Amet trata de descontinuar la operación de esas rutas y ordena operativos de incautación de los vehículos, que son  llevados al canódromo, pero una vez cumplen con los requisitos de ley, los carros y minibuses son entregados a sus dueños, que retornan a las improvisadas rutas.

Comprendido por la provincia del mismo nombre y el Distrito Nacional, circulan diariamente un promedio de 24 mil vehículos dedicados al transporte público, la mayoría del sector privado, en un espacio de 1,440.8 kilómetros cuadrados.

La población conjunta de ambas demarcaciones es de aproximadamente tres millones 111 mil 873, de acuerdo con datos del censo de 2010, suministrados por la Oficina Nacional de Estadísticas.

Juan Hubieres, presidente  la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, (Fenatrano), una de las principales empresas operadoras de vehículos del transporte público del país, calcula entre 700 mil a 800 mil las  personas que se desplazan todos los días por el Gran Santo Domingo en vehículos públicos.

Según Hubieres, entre el 85 y el 90% de esos vehículos están afiliados a la entidad que dirige. Sin embargo, Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), habla también de su mayoritaria participación en el negocio.

“Conatra tiene 74 mil unidades en 1,212  rutas, tanto en la capital como en las provincias”, dijo el dirigente choferil.

En el Gran Santo Domingo  la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) es la responsable de aplicar las políticas que tienen que ver con la circulación de vehículos destinados al servicio de pasajeros.

Para las provincias, la autoridad en esa materia es de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), excepto en Santiago que la dirige el cabildo de la localidad.

En el Gran Santo Domingo están registradas oficialmente 208 rutas, conforme con los datos ofrecidos por Amet, pero existe un subregistro que, a juicio de actores del sector, podría ser el doble.

Desde el 2005, cuando se creó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), mediante el decreto 477-05, se suspendió la autorización de permisos para operar rutas en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Sin embargo, la proliferación no se ha detenido debido a que grupos de choferes de carros y minibuses de distintas zonas “se organizan” y crean rutas que operan sin la autorización ni la regulación de Amet.

¿Cómo surgen las rutas?
¿Qué son los corredores viales? Son extensiones geográficas diseñadas para agilizar el tránsito y mejorar el transporte público y privado  en una determinada demarcación. 

En el caso dominicano son construidos por el Estado como parte de una política de desahogo del flujo de vehículos en la Capital y Santiago
En el Gran Santo Domingo son ocho los principales corredores, que manejan tres empresas privadas y la OMSA.

Históricamente las rutas del transporte han surgido de forma espontánea, algunos conductores de una zona se  unen y ofrecen el servicio hasta que los usuarios se acostumbran.

Otras empresas constituidas hacen un estudio de factibilidad, luego solicitan el permiso a Amet, que  luego de revisar los requisitos otorga o no el permiso.

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