En junio de 1993, Graciela Chichilnisky, profesora de economía de la Universidad de Columbia, fue invitada a la conferencia de la OECD sobre La Economía del Cambio Climático.
Fue ahí donde propuso la idea de crear un mercado de carbono en el cual los países desarrollados y en desarrollo podían incursionar como demandantes y suplidores de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
La propuesta de la economista y matemática argentina-norteamericana fue incorporada como uno de los puntos fundamentales del Protocolo de Kyoto que se adoptó el 11 de diciembre del 1997 y que entró en vigor el 16 de febrero del 2005.
En el marco del Protocolo, se fijaron topes a los niveles de emisión de GEI a cada uno de los países firmantes del mismo.
Si por alguna razón un país va a sobrepasar el tope asignado, puede hacerlo siempre y cuando vaya al mercado de bonos de carbono y compre certificados de reducción de emisiones que posean países que los han obtenido con el desarrollo de iniciativas reductoras de dichas emisiones. En otras palabras, si un país contamina más que lo permitido, paga.
Y la paga la reciben los países que logran reducir la contaminación que generan.
En el 2011, el valor del mercado de bonos de carbono alcanzó 125,000 millones de dólares, al transarse 8,400 millones de toneladas de CO2, registrando un aumento de 4% con relación al monto transado en el 2010.
Colombia fue el primer país del mundo que logró certificar y obtener certificados de reducción de emisiones para un proyecto de transporte urbano masivo de pasajeros. El TransMilenio de Bogotá, un eficiente sistema de transporte urbano servido por cómodos autobuses y modernas estaciones para recogida y descarga de pasajeros, transporta diariamente 1,600,000 pasajeros.
El TransMilenio logró sustituir 7,000 microbuses ineficientes y altamente contaminantes que fueron retirados de la circulación, permitiendo reducir el consumo de energía en un 59% desde el 2001.
Al reducir las emisiones de GEI, Colombia obtuvo de Naciones Unidas (ONU) la certificación que le permitió colocar y vender en el 2007 bonos de carbono que le generarán entre US$100 y US$300 millones de ingresos.
India fue el primer país del mundo que logró lo mismo para un sistema moderno de Metro, el nuevo Metro de Nueva Delhi. Con una reducción certificada de emisiones de 650,000 toneladas de CO2, generada a través de la eliminación de 90,000 viajes diarios de vehículos y un ahorro de 30% en energía a través de un sistema regenerativo de frenos, India colocó y vendió en el 2009 bonos de carbono por US$66.5 millones durante un período de 7 años (US$9.5 millones por año).
En el 2010, el Metro de Santiago, en Chile, se convirtió en el segundo. Las nuevas líneas instaladas reducirán 17,825 toneladas de CO2 y ahorrarán 35 GW de energía.
Chile y el BID firmaron un acuerdo para lograr la certificación de la ONU y poder así obtener y vender bonos de carbono. Se estima que Chile recibirá ingresos anuales superiores a los 200,000 dólares.
El Gobierno de la República Dominicana debería incursionar en este mercado. El Metro de Santo Domingo, al igual que el de Nueva Delhi y el de Santiago de Chile, reduce cierto número de toneladas de CO2 al año que podrían dar lugar a la obtención de certificados de reducción de emisiones que se venderían en el mercado de bonos de carbono.
La OPRET debe disponer de los estudios de impacto ambiental que muestran cuánto CO2 deja de ser emitido por la operación del Metro de Santo Domingo. Los ingresos que generaría la venta de esos bonos contribuirían a financiar la operación del Metro y a reducir el déficit que genera el mismo con la altamente subsidiada tarifa de RD$20 que se cobra (US$0.51).
Pero no sólo esta obra contribuye a la reducción de CO2. La construcción de elevados, pasos a desnivel y túneles del Corredor Duarte, ejecutada por ODEBRETCH e Ingeniería Estrella, S.A., reducirá la emisión de CO2 en 3,085,195 toneladas durante el período 2008-2028. Esto se logrará a través de la reducción del tiempo de travesía de los usuarios de vehículos.
Al precio promedio que se transaron los bonos de carbono en el 2011, tendríamos que el país, una vez obtenga la validación y certificación de la ONU, podría recibir US$43.2 millones durante los próximos 20 años (un promedio de US$2.2 millones por año).
Lo mismo podría hacerse con los programas de reforestación y recuperación de nuestras cuencas hidrográficas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ejemplo, mostró en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible RIO+20, que la República Dominicana logró aumentar la cobertura boscosa de 32% de todo el territorio nacional en el 2003 a 39.7% al 2011, colocando al país como un punto luminoso, pues en ese período, la mayoría de países evidenciaron una pérdida sostenida de su cobertura forestal.
Lo que procedería ahora es cuantificar cuánta captura de CO2 ha permitido realizar este aumento de nuestra área boscosa, para proceder ante la ONU a solicitar los certificados de reducción de emisiones correspondientes.
Empresas dominicanas, como las que han instalado parques eólicos, han incursionado en el mercado de bonos de carbono.
El país debe solicitar asistencia técnica al BID para obtener ante la ONU, la validación y certificación de reducciones de emisiones de CO2 generadas por todas las iniciativas ejecutadas hasta el momento por el Gobierno dominicano. Esos dólares verdes nos beneficiarían mucho. l
