“No quiero que se la lleven, porque si lo hacen no la volveré a ver más”, decía entre sollozos Yessica Medina, al referirse a su hermana de 16 años, apresada por Migración.Esta es una escena de los tantos casos que a diario ocurren en el vacacional de Haina, utilizado como centro de detención provisional donde son llevados los nacionales haitianos indocumentados apresados en redadas por las autoridades de la Dirección de Migración.
Yessica cuenta que su hermana Ramona y ella nacieron en República Dominicana y que no sabrían qué hacer si la llevan a Haití, ya que sus padres y demás hermanos viven en Hondo Valle, Elías Piña. Con llantos casi incontrolables, la joven de 19 años, narra que su hermana menor fue detenida cuando se dirigía a un picapollo chino, ubicado en Villa Juana, Distrito Nacional, donde ambas trabajan desde hace un tiempo. “La montaron en una guagua que la trajo aquí (vacacional), alguien la vio y me lo dijo. Salí corriendo para acá a pedir que no se la lleven para Haití, pero nadie me hace caso”, sostuvo Yessica, que también teme ser deportada por no tener papeles.
Otro caso es el de Yano Mora, quien explicó que en la tarde del martes Migración se llevó a su esposa del frente de su casa en Villa Faro, Santo Domingo Este, sin importar que ella le explicara que tenía un mes de parida con una cesárea y que no podía recibir maltratos.
Ayer reporteros de elCaribe hicieron contacto vía celular con la mujer que se identificó como Joseana Mendoza, quien contó que de comer sólo le habían dado un chocolate de agua sin sabor, que tenía mucha hambre, y que todos están muy incómodos, porque el espacio es estrecho y habían muchas personas.
Estos son solo dos de los testimonios recogidos en las afueras del centro de detención provisional, donde a diario entran hasta dos autobuses cargados con al menos 40 haitianos, entre ellos familias completas.
En los alrededores del lugar se escuchan todo tipo de quejas, comentarios y llamadas “raras”, donde se menciona dinero. Los familiares de los detenidos dijeron que tienen que pagar entre RD$2,000 y RD$2,500 para que quienes transportan a los indocumentados los vayan soltando en el camino. Al lugar también acuden empresarios, principalmente del área de la construcción, quienes van a “negociar” con las autoridades para que les entreguen a los inmigrantes a cambio de soborno, pese a que en la puerta de entrada al centro hay un letrero que reza “no dinero”.
Una activista del Centro Bonó, que tiene como trabajo sentarse cada día en las afueras del centro de detención y que prefirió reservar su nombre, comenta que es indignante la forma en que son tratados los haitianos cuando llegan al lugar.
Indicó que los familiares de los detenidos les cuentan que les quitan el dinero y las mercancías con las que llegan al lugar. En cuanto a si son maltratados o no, dijo que algunos afirman que los empujan y golpean solo si se resisten al arresto, otros se quejan de que les quitan el dinero, los golpean y no les dan comida.
También dijo que a los indocumentados les permiten tener sus teléfonos celulares, pero no necesariamente para que se comuniquen con sus familiares, sino para que hagan la diligencia de conseguir dinero para dejarlos libres. Los viajes para llevar a los indocumentados hacia Haitía se realizan dos veces a la semana, pero las redadas son diarias. Los días en que se activan las redadas contra los ilegales son los viernes y sábados.
Centro Bonó dice que su labor se malinterpreta
El Centro Bonó, organización en el país dirigida por la Compañía de Jesús, considera que quienes califican de antinacional sus denuncias internacionales en defensa de los derechos de los inmigrantes haitianos tratan de crear por vía mediática una opinión pública desfavorable. Roque Féliz Méndez, director adjunto del Centro, dijo que para hacerlo, esos sectores, a los que no identificó, mantienen una desinformación sistemática y mediática.
Dijo que su organización lo que plantea como pertinente es que la Ley de Migración sea aplicada de manera razonable y justa, es decir, considerando que, como en el caso de la población haitiana, se trata de migraciones históricas, de muchos años. En ese sentido, citó los casos de familias de braceros contratados para el corte de la caña que han permanecido hasta por cuarenta años en el país, donde han pasado su vida avalados formalmente, incluso por el sistema laboral y cotizando al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. “Por eso, ahora no se les puede tratar como bagazos, decirles usted no me interesa, usted se va”, dijo Féliz Méndez, al subrayar que esos inmigrantes tienen derechos.
