En su informe sobre la visita que realizó en el país, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dijo este viernes que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es discriminatoria y viola los derechos de dominicanos de ascendencia extranjera, especialmente de haitianos.
José de Jesús Orozco, presidente del organismo, dijo que durante su visita, en la que se entrevistaron con organismos y miles de personas, observaron graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, situación que entiende se ha agravado con la sentencia del TC.
Explicó que durante las visitas que realizaron en las provincias Bahoruco, Dajabón, Jimaní, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y Valverde recibieron testimonios, denuncias y comunicaciones de 3,994 personas.
«La Comisión estima que la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación», indica el texto leído durante una rueda de prensa.
Agregó que «la privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de estas personas como resultado de no estar registrados o de las dificultades en el acceso a los documentos de identidad genera una situación de extrema vulnerabilidad en la cual se producen violaciones a otros múltiples derechos humanos».
«La Comisión observa que la Sentencia 168/13 afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza», indica.
De igual modo, en su informe la CIDH dijo que recibió información «profundamente preocupante» acerca de expresiones contra personas que han criticado el fallo del TC. Citó entre ellos a periodistas, intelectuales, abogados, políticos, legisladores, defensores de derechos humanos, figuras públicas e incluso servidores públicos.
«Estas personas han sido calificadas como “traidores a la patria”, han sido objeto de amenazas y se ha llamado públicamente a dar “muerte a los traidores”.
Además la CIDH expresó preocupación en el sentido de que la intolerancia y el discurso racista, que dice detectó, cree un ambiente que incremente la vulnerabilidad frente a la violencia de las personas de descendencia haitiana.
«La Comisión hace un llamado a las autoridades a contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello», dijo.
