El proyecto de ley de naturalización, sometido ayer por el Ejecutivo, ha concitado el respaldo de los partidos políticos, el empresariado, iglesias y representantes de la sociedad civil, que sin dejar de hacer algunos señalamientos, califican de positiva la propuesta. El expresidente Leonel Fernández calificó como correcto el proyecto de regularización migratoria. Fernández dijo que se trata de un gran proyecto de regularización de lo que se entendía era un acta irregular, y de reconocimiento de los actos que se hicieron bajo la presunción legal de la nacionalidad.
Señaló que la pieza sometida por el Poder Ejecutivo no entra en contradicción con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, tras considerar que la misma respeta la decisión y busca una salida salomónica al conflicto suscitado en la nación. “De manera que yo creo que el proyecto responde a lo que el país esperaba”.
Por su lado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, respaldó el contenido del proyecto enviado por el presidente Danilo Medina, argumentando que respeta tanto la Constitución como la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Dijo que la solución prevista no podía ser dada desacatando el dictamen del Alto Tribunal, pues ello significaría un grave atentado al principio de separación de poderes y a la consolidación del Estado de Derecho.
En tanto, el secretario general y vocero de los diputados reformistas, Ramón Rogelio Genao, anunció que la presidencia del PRSC instruyó a sus congresistas a respaldar la propuesta del Ejecutivo por entender que contiene los criterios planteados por el nuevo reformismo.
Mientras que, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) consideró a través de un comunicado, que la pieza respeta el criterio de la sentencia, en el sentido de que no son dominicanos los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país desde el año 1929 al año 2010. No obstante, la FNP argumenta, que la fórmula prevista en el artículo 2 del proyecto en la que se le ordena a la Junta Central Electoral emitir documentación a dichas personas, acreditándolas como nacionales dominicanos, es inconstitucional, ya que el artículo 18 de la Constitución, literal 7, establece la naturalización como única forma de otorgar la nacionalidad dominicana.
TC no tiene control proyectos de ley
De su lado, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, afirmó que esa institución no participa del proceso de formación de las leyes y que su intervención se produce sólo después de que las mismas sean aprobadas, promulgadas y publicadas, por apoderamiento a instancia de partes. “Es decir, el Tribunal Constitucional no está facultado ni tiene competencia para realizar control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley”, afirma.
Mientras tanto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) catalogó de positivo el sometimiento de la iniciativa, a la vez que felicitó el proceso previo de concertación llevado a cabo para su elaboración. En el mismo tenor, se expresó el presidente de la Asociación de Empresas, Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) , Víctor Castro, quien expresó su apoyo a la normativa, tras señalar que el debate sobre la sentencia 168-13, “ha consumido energías, restado tiempo al Gobierno y ha implicado un “torbellino de opinión” que, de alguna manera, afecta la concentración del país en tópicos que también son de alta relevancia”.
Serrano, Codue y Adocco satisfechos
El padre Mario Serrano, director nacional de la Pastoral Social de la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica, manifestó que con el proyecto se ha hecho un reconocimiento honesto y justo por parte del Presidente de la existencia de un problema a raíz de la sentencia 168-13. “Hay primeramente un reconocimiento del Presidente de que ha habido un problema con esto de la sentencia, y en este sentido el proyecto enviado al Congreso es un paso dentro del proceso para resolver la situación”, dijo.
Mientras que el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Fidel Lorenzo, abogó por una mayor participación de la sociedad civil en el Plan Nacional de Regularización. Sugirió que se habiliten las oficinas de las gobernaciones a nivel nacional, con formularios y equipos junto a una campaña de difusión acerca del plan, para garantizar que un buen porcentaje de extranjeros ilegales pueda regularizar su estatus migratorio.
También la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) expresó su apoyo a la propuesta que a su entender resolverá el desconocimiento de la nacionalidad de miles de personas.
