Hace tiempo que el gobierno ha debido, con la mediación del Congreso, declarar el Estado de Emergencia para encarar seriamente el desastre eléctrico. Por miedo, diferentes gobiernos han preferido postrarse a intereses creados, condenar a los dominicanos a sufrir tarifas imposibles en el servicio, pagar onerosos montos mediante subsidios a generadores deficientes y prolongar hasta el infinito un problema durante 50 años.
La ley, en este caso, la Carta Magna, instituye el medio que habrá de conducir a la Nación a liberarse de un modelo de negocio establecido sobre bases inequitativas, leoninas, que atentan contra el desarrollo nacional.
Es cada vez más urgente que el Estado recurra al artículo 265 de la Constitución y procure que el Congreso Nacional declare el “Estado de Emergencia” que permita resolver esta grave perturbación, que sistemáticamente es fuente de alteración de la paz ciudadana y desestabiliza el orden económico, social y medioambiental del país. Una verdadera calamidad pública.
¿Puede el gobierno dominicano tolerar que unos cuantos señores, mediante unos contratos negociados en términos y circunstancias históricamente cuestionados, impongan las condiciones a su acomodo, y al mismo tiempo utilicen toda clase de instrumentos para obstruir cualquier solución, incluso, ante órganos llamados a jugar roles más acordes con los intereses del país?
Definitivamente, no. Es necesario que el Estado recurra a sus medios para romper el cártel que impone precios tan altos a la energía, insostenibles para la economía nacional, y para la Administración, que en aras de mantener la paz social tiene que destinar cada minuto, todos los días, miles de dólares para saciar la voracidad de los quemadores de fuel oil.
Al margen de los recursos que puedan invocarse para defender determinados intereses en cualquier proceso vinculado al desarrollo de la energía, que están permitidos en un estado de derecho, tiene necesariamente que prevalecer el interés nacional, representado por el Estado.
