BUENOS AIRES (AP) — El oficialismo logró aprobar el jueves la nueva ley de abastecimiento que faculta al Estado argentino a intervenir en la formación de precios, lo que ha generado un fuerte rechazo de la oposición, el sector agropecuario y las grandes empresas.
En una larga sesión, el peronismo oficialista y sus aliados impusieron su peso en la Cámara de Diputados para aprobar en la madrugada la modificación de la ley de abastecimiento de 1974 por 130 votos a favor, 105 en contra y cinco abstenciones.
El proyecto, que contempla la facultad del Estado de establecer márgenes de utilidad, niveles máximos y mínimos de precios y multas para las empresas que fijen precios de forma «artificial» y abusen así de los consumidores, ya había sido aprobado por el Senado días atrás.
Los diputados oficialistas también consiguieron aprobar en la misma sesión la creación de un observatorio de precios y la instauración de un fuero judicial especial para resolver los reclamos de los consumidores. Esa última iniciativa contó con el apoyo de de opositores.
«Estas tres leyes contribuyen a cumplir nuestra obligación como Estado y permitir que el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a usuarios y consumidores», dijo la diputada oficialista Diana Conti.
«Como el gobierno no sabe resolver los problemas, particularmente la inflación, la inversión, entonces aplica el único método que conoce: el amedrentamiento», respondió el conservador Pablo Tonelli.
Ignacio de Mendiguren, del opositor Frente Renovador y dirigente de la Unión Industrial Argentina, señaló que la ley no generará inversiones porque fomenta la discrecionalidad contra los empresarios. Esa fuerza política se comprometió a derogar la norma si gana las elecciones presidenciales de 2015 por considerarla inconstitucional.
Un grupo de entidades empresarias indicó antes del debate de la norma que «la experiencia previa en Argentina y en otros países donde se han aplicado normas similares indica que los efectos son el indeseado desabastecimiento de bienes y servicios y la pérdida de empleos y de ingresos en los sectores de menores recursos». El desabastecimiento conllevaría el aumento de los precios, según analistas.
El gobierno rechazó las críticas al advertir que lo que busca es que no se defienda a las pequeñas y medianas empresas de grandes compañías que ejercen un abuso de posición dominante.
El secretario de Justicia Julián Alvarez afirmó a la radio Nacional Rock que la nueva ley es «mucho más liviana» que la anterior y no implica copiar el modelo venezolano. «Antes se podía meter preso a un empresario, ahora no. Antes se podía allanar una empresa sin autorización judicial, ahora no. Antes se podía clausurar definitivamente, ahora no», sostuvo.
Gran parte de los sectores empresario y rural creen que la norma avasallará la libertad de empresa y la propiedad privada.
La norma permitirá al gobierno entrar a los campos y decomisar los granos que tienen acopiados los productores, dijo la Sociedad Rural Argentina.
El Ejecutivo denunció días atrás que los productores agropecuarios no comercializan más de la mitad de la cosecha de soja y maíz de la campaña 2013-2014 porque especulan con la posibilidad de una nueva devaluación del peso que les permita aumentar sus ganancias.
La inflación es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Según datos oficiales el alza de precios acumulada en los ocho primeros meses del año fue de 18,2%, aunque consultoras privadas consideran que ascendió a 40,38%.
El gobierno afirma que la inflación obedece en gran parte a las distorsiones generadas por los propios empresarios en la cadena de formación de precios.
La nueva ley permite aplicar sanciones a quienes remarquen «artificial o injustificadamente» los precios de una forma no proporcional a los aumentos de los costos o a quienes acaparen mercadería.
Se podrá dictar la clausura por hasta 90 días o la inhabilitación por hasta cinco años «para ejercer el comercio», aunque para esto último la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial.
El oficialismo accedió a eliminar del alcance de la reforma a las pequeñas y medianas empresas «siempre que no detenten posición dominante».
El proyecto prevé además que se podrá «disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación» que es la Secretaría de Comercio.
Asimismo las empresas deberán informar a la Secretaría sus costos y ganancias.
Por otro lado, frente a una situación de desabastecimiento las autoridades podrán disponer su venta, producción, distribución o prestación en todo el país.
