La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el instrumento de aplicación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros protocolos que forman el denominado sistema interamericano de protección de esos derechos. Es un órgano de la OEA, pero independiente de esa institución. Sus jueces son amos de la verdad absoluta que le compete.
República Dominicana se sometió a su imperio y ahora sufre las consecuencias. Cuando se ratificó la Convención sobre los derechos, los dominicanos estábamos convencidos de que dábamos un paso de avance en el afán de que predominara una cuestión de valor universal como los derechos intrínsecos a la ciudadanía.
No podíamos adivinar que uno de sus brazos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se volvería sistemáticamente hostil al país, en consonancia con una tendencia de ciertos países que buscan imponer políticas convenientes a otro país en desmedro de los dominicanos.
Y ha sido esa Comisión la que nos somete a una vigilancia y a una persecución tenaz en la defensa, no ya de los derechos humanos universales, sino desde un prisma sesgado, de apoyo a supuestas víctimas de discriminación, personas a las cuales se les niega el derecho a un nombre y a una nacionalidad.
Por todo ello, un grupo selecto de jueces, hombres llenos de pasión, soberbia y prepotencia, adopta un paquete de “decisiones” que por parciales desvirtúan el sistema interamericano de los derechos humanos.
Condenan a República Dominicana por alegadas privaciones ilegales y arbitrarias de libertad, expulsiones sumarias y colectivas de dominicanos y haitianos a quienes supuestamente niegan sus derechos, con una liviandad de juicio, irresponsabilidad, unilateralidad y hostilidad manifiestas, sobre la base de un expediente fabricado groseramente por la Comisión, en base a denuncias de individuos que las instituciones dominicanas descubrieron que habían burlado los procedimientos de registro civil mediante fraudes documentales, en connivencia con bandas de falsificadores.
Nos condenan y llegan al extremo de ordenar que la República Dominicana desconozca su institucionalidad y se someta a su imperio. Celebramos el contundente rechazo del Gobierno dominicano.
