Desde la Era de Trujillo, y más específicamente desde el año 1937 cuando se produjo aquella gran matanza de miles de haitianos en la frontera, la República Dominicana ha sido sentada en el banquillo de los acusados por los organismos internacionales en cuanto al tema de los derechos humanos. Aquel incidente trágico repudiable, que la dictadura de los Duvalier capitalizó muy bien en Haití, colocó el país a la defensiva y fue lo que llevó al dictador a la firma del Concordato con el Vaticano en 1952, que entregó privilegios a la Iglesia Católica Dominicana que aún siguen vigentes. Desde hace 77 años el fantasma de la violación a los derechos humanos ha rondado la vida de la República Dominicana, muy pobremente defendida ante la OEA y la ONU de los ataques injustificados de la diplomacia haitiana, que siempre persiguió esa condena contra el país por los excesos de una dictadura.
Y la verdad es que lejos de ser una nación que maltrata a los extranjeros, la realidad social y económica demuestra todo lo contrario. Los haitianos tienen a la República Dominicana como su refugio: trabajo garantizado en la construcción y la agricultura, salud y educación gratuita para legales e ilegales que desenvuelven su vida de manera digna. Contrario a lo que ocurre en su país, donde el desempleo, el hambre y la falta de oportunidades expulsa a los haitianos a buscar mejor suerte. Si hay una nación que hace tiempo debió ser condenada por violación a los derechos humanos de sus ciudadanos es Haití, donde el noventa por ciento de sus casi diez millones de habitantes carecen de acta de nacimiento o registro civil y los derechos humanos son pisoteados. Para el haitiano trabajador, el territorio dominicano es su paraíso, dado el desastre, la pesadilla, que es para ellos vivir en Haití.
Es una pena que nuestros diplomáticos hayan sido tan incompetentes en la defensa de argumentos tan contundentes que los propios haitianos, legales e ilegales, son los primeros en apreciar y valorar en su diario vivir. Puede haber violaciones a los derechos laborales, como en todas partes, pero no a los derechos humanos. El conflicto que generó el despojo retroactivo de la nacionalidad de 200 mil hijos de haitianos indocumentados nacidos desde 1929 hasta el 2010 –tan nacionales dominicanos como José Francisco Peña Gómez, hijo de haitianos ilegales, y a quien nadie habría osado despojar de su nacionalidad y a quien la vida colocó muy cerca de la Presidencia de la República Dominicana- ya quedó resuelto con la nueva ley de regularización de extranjeros.
Ya no hay por qué sancionar a la República Dominicana y muy por el contrario, si hay mucho por donde reconocerla por su afán en respetar y reconocer los derechos humanos de los inmigrantes extranjeros. Es probable que estemos pagando el precio de no contar, salvo muy contadas excepciones, con una representación diplomática digna, competente, en las Naciones Unidas y en el mundo que haya hecho valer con fuerza los derechos de la República Dominicana donde por primera vez se ha puesto en vigencia una reforma migratoria justa. Entonces la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) ha impuesto una sanción de condena totalmente desaprensiva, desenfocada e inoportuna.
