Mientras se imponen meses de coerción y se somete a un escarnio público a una joven y pobre madre por haber subido a Facebook una foto en la que se muestra dándole a su bebé cerveza, y severas penalidades en el extremo oriental del país a un hombre por el delito de hurtar 16 chinolas, nuestra honorable Suprema Corte de Justicia desestima la acción del Ministerio Público contra un arrogante senador, cuyos bienes ponen de relieve la magnitud de la corrupción en la pasada gestión gubernativa.
La venalidad de un poder judicial comprometido con una facción política, margina al país de la tendencia asumida por muchas naciones democráticas de establecer estrictas normas al buen desempeño en la esfera pública. Pueden citarse como aleccionadores ejemplos de esa corriente los casos recientes de Portugal, España, Brasil, Costa Rica, Israel y Taiwán e incluso en China, donde alrededor de 84 mil burócratas, en todos los niveles de la administración, están acusados o siendo juzgados por corrupción.
En Costa Rica, por ejemplo, la Fiscalía ha vuelto a acusar al expresidente Miguel Angel Rodríguez, quien ya había cumplido una sentencia de cárcel, por nuevas evidencias en un caso de soborno que envuelven menos de 900 mil dólares, una suma ridícula en comparación con las que se detallan en el grueso expediente del Ministerio Público dominicano contra un senador y un grupo vinculados como socios en actividades ilícitas contra el Erario. En Brasil funcionarios y empresarios están acusados de desfalco y soborno y en Portugal, el ex primer ministro José Sócrates es investigado por delitos similares.
Dada la importancia del tema, resulta difícil entender que el Congreso arriesgue su crédito público y el partido que lo controla su permanencia en el poder, manteniendo silencio sobre un voluminoso expediente de corrupción, sólo para proteger a asociados que se han descalificado por sus propias actuaciones.
