El expediente acusatorio recientemente depositado por la Procuraduría General de la República en contra de un senador, no solamente es una acción importante en la asignatura pendiente de la lucha contra la corrupción pública en nuestro país, sino que ha tenido como efecto secundario poner al desnudo las vinculaciones de instituciones y personas con determinadas facciones políticas.
La acusación no solo ha puesto en evidencia la forma descarada en que funcionarios crean estructuras corporativas para intentar esconderse bajo su velo, utilizando como testaferros familiares y amigos para ocultar su propiedad de las mismas, de cómo utilizan sus puestos no solo para hacerse millonarios mediante el tráfico de influencias en el país, sino también de como extienden sus redes para obtener contratos viciados fuera del país, de cómo se burlan las normativas de licitaciones y contrataciones, así como las relativas a regulación bancaria y lavado de activos bajo la complacencia de instituciones financieras públicas que no investigan la proveniencia de los millonarios fondos recibidos en cuentas corporativas y personales, de como la administración tributaria mantiene lejos de su radio de inspección a empresas con beneficios millonarios, mientras fiscaliza hasta el acoso a otros contribuyentes.
De igual forma ha puesto en evidencia que los manejos realizados por los condenados por las quiebras fraudulentas de bancos de crear entramados corporativos para lavar bienes, de asegurarse cuotas de poder y control fáctico a través de la compra de medios de comunicación, la adquisición de naves aéreas particulares no solo para comodidad personal, sino para repartir favores que luego serían facturados y la práctica de una hipócrita filantropía realizada con fondos ajenos para generar agradecimientos, están siendo impunemente reproducidos por funcionarios corruptos.
Pero también ha sido la ocasión para que los mismos amarradores políticos que sirvieron de pie de amigo para que muchos ocupen sus actuales puestos, les pasen factura a los mismos quedando penosamente revelado quiénes son sus amos, desde jueces hasta instituciones como el Colegio de Abogados.
Cada peso que un funcionario obtiene fuera de los salarios y beneficios que tiene derecho a percibir, es dinero público que se roba a su dueña, la población, la cual deja de recibir salud, educación, electricidad, agua, seguridad por el desvío de esos fondos para el enriquecimiento ilícito de malos funcionarios.
Por eso debemos actuar como lo que somos, los reales dueños de los fondos públicos y los detentadores del poder, el cual delegamos a través de nuestro voto; haciendo sentir a la Suprema Corte de Justicia la presión de que toda una sociedad espera que autorice las medidas cautelares que sean necesarias para evitar el trasiego de bienes objeto de acusaciones de corrupción, antes de que sea tarde. Hagámosle sentir que los hilos de los intereses políticos que manejan las marionetas a su servicio, no pueden ser los que decidan la suerte de una acusación pues por encima de todo está la voluntad soberana del pueblo que exige que el rigor de la ley aplique a todos por igual, desde los que se robaron el dinero de los ahorrantes a aquellos que se han robado los recursos y las oportunidades de todo un país.
