Desde hace tiempo ha existido inquietud por el derecho al sufragio de las personas detenidas preventivamente, y cuando se avecina un torneo electoral el tema llega a la agenda de los responsables de su protección o de quienes están llamados a propiciar que todos los ciudadanos ejerzan ese derecho.
Las motivaciones son legítimas, ya desde la óptica del cumplimiento del deber o de la debida protección de los derechos, especialmente porque se trata de ciudadanos, si bien se configuran en conflicto con la ley, sobre ellos aún no pesan decisiones definitivas de los tribunales.
Pero el proyecto no deja de provocar ciertas interrogantes. El número de presos preventivos es de 15,372, ¿qué tan importante podría ser su participación en un proceso electoral? ¿Interesaría realmente a esos ciudadanos ejercer su derecho? Aunque naturalmente es deber de las autoridades crear las garantías para que ellos estén en capacidad de decidir.
De todas formas, la Junta Central Electoral (JCE) tendría que instalar la logística en los centros de detención y la Procuraduría las condiciones para ello.
En estos asuntos es necesaria la opinión de los partidos políticos, y para ese fin la JCE convocará a una consulta.
Probablemente, lo que más interesa a los partidos es que el órgano electoral organice y garantice el sufragio de la generalidad de la población. En ese sentido, ha habido muchos avances en la cultura democrática y los procesos se desarrollan en el ambiente deseado.
En estos momentos, el órgano electoral promueve la renovación de la cédula de identidad y electoral, con la cual se sufragará en los próximos comicios. Esa es una tarea importante que debe ser cumplida en los plazos previstos. En esa dirección, deben apurarse los pasos para que los 7 millones 260 mil ciudadanos aptos para ejercer el voto tengan su nueva cédula.
Los detenidos preventivos pueden de aquí al día de las elecciones ser menos o más. Que ejerzan el voto es un elemento más del avance del sistema electoral dominicano, pero lo fundamental es que el foco de atención de la JCE se centre en garantizar el sufragio en los centros habituales de votación.
