La empresa minera Barrick Gold enfrentó en Argentina, hace poco, el rechazo de la colectividad por su intención de montar –igual quiere ahora aquí en República Dominicana- una planta para el almacenaje de materias primas y la fabricación de explosivos.En la ocasión, la Barrick cabildeó en altas esferas del gobierno de la presidenta Cristina Fernández viuda Kirchner para que se le autorizara montar la fábrica de explosivos en la mina de Jáchal, provincia de San Juan.
Al efecto, legisladores, autoridades eclesiásticas, empresarios y políticos opositores de la nación suramericana se pronunciaron en rechazo a las pretensiones de la minera, argumentando que la iniciativa acarrearía “problemas socioambientales de imposible resolución”.
“Mientras nuestras Fuerzas Armadas operan con municiones vencidas y esperan años a que se les autoricen las partidas destinadas a comprar municiones, la Barrick avanza en la fabricación de explosivos para volar nuestros cerros y destruir nuestros glaciares”, declaró el diputado Julio Martínez, de la Unión Cívica Radical (UCR), según está publicado en la página web de esa organización política. “Esa fábrica”, dijo el legislador, “sólo servirá para abastecer a una actividad extractiva contaminante que no goza de licencia social en amplios sectores de la sociedad argentina, y que únicamente dejará al país millones de litros de agua contaminada con cianuro y problemas socio-ambientales”. “El pasivo ambiental dejado por la industria minera a cielo abierto es incalculable, y resulta obsceno que el gobierno provea de insumos a una actividad que en gran parte del mundo se está prohibiendo”, agregó.
Aquí, entretanto, la minera canadiense gestiona, cuando no presiona, para que el Poder Ejecutivo autorice el montaje en sus instalaciones de Pueblo Viejo, Cotuí, de una planta de almacenaje de materias primas y una fábrica de explosivos, iniciativa que ha sido cuestionada por un informe confidencial del Ministerio de Defensa.
Se reporta que cabilderos de Barrick están muy activos en ciertas áreas gubernamentales, procurando que el gobierno rechace los términos de ese informe y le dé el visto a su petición.
La empresa extranjera motiva su petición en que con su planta propia de explosivos abarataría sus costos de producción. En explosivos, Barrick invierte anualmente poco más de un millón de dólares, se dijo.
No obstante el informe, circula la versión de que los lobistas de Barrick Gold gestionaron y obtuvieron una carta de No Objeción, de 2 párrafos, firmada por el contralmirante Franklin Jacob Díaz Gilbert, de la Armada Dominicana, a la sazón responsable del área de Explosivos y Material Bélico del Ministerio de Defensa.
Las objeciones a la instalación de esa fábrica en Pueblo Viejo, Cotuí, surgen por razones de seguridad nacional y porque contrariaría la Constitución de la República y las leyes vigentes sobre la materia que establecen parámetros a seguir para que operen plantas de esta naturaleza, requisitos que no llena la Barrick.
Se resalta que “el trabajo con explosivos es una actividad de alto riesgo”, regulada por la ley 262 sobre sustancias explosivas, el manual de procedimientos para el manejo de armas, explosivos y químicos de las Fuerzas Armadas, el reglamento de seguridad y salud de la ley 522-06, la propia Constitución de la República y otras normas legales.
El informe técnico recuerda, asimismo, que la Constitución, en su título XII, capítulo I, artículo 252 señala que “la defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas, y a ellas corresponde la custodia, supervisión y control de todas las armas, municiones y demás pertrechos militares, material y equipos de guerra que ingresen al país o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones establecidas en la ley”.
“De acuerdo a la ley 262 sobre sustancias explosivas”, agrega, “el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas, será hecho por las FFAA”.
Tras citar las normas para el funcionamiento, manejo y logística de fabricación y movilización de explosivos, y las legislaciones y reglamentaciones que regulan la actividad, los técnicos militares manifestaron en su informe lo siguiente:
“El solo hecho de otorgar permiso para la instalación de otra planta de explosivos, abre la posibilidad de que cualquier empresa local o extranjera pueda vender material bélico dentro y fuera del país, aumentando así el nivel de riesgo en seguridad física y nacional en el territorio dominicano”. Insisten en que “el almacenaje de materias primas y productos terminados relacionados con explosivos debe estar bajo estricta custodia de la FFAA.” y resaltan que “una planta de explosivos de ANFO y emulsión debe ser ubicada a corta distancia de la Intendencia de Material Bélico, bajo la custodia permanente de las FFAA., tanto en la fabricación como en el transporte y almacenaje de los explosivos, permitiendo a la fuerza pública tener un control completo y absoluto del manejo de las explosiones y sus materias primas”.
También refieren que “cabe llamar la atención en cuanto que en Barrick, municipio de Cotuí, a pesar de los equipamientos disponibles para mitigar las descargas eléctricas ocasionadas por las tormentas, debido a su ubicación geográfica y concentración de minerales, estadísticamente registra gran cantidad de muertes y daños materiales por esta causa, convirtiendo esta región del país en una zona de alta vulnerabilidad y peligrosidad para la puesta en marcha de una planta de explosivos”. El informe concluye en que “teniendo en consideración la seguridad y demanda nacional, no se hace necesario la construcción de otra fábrica de explosivos, dado que la producción actual tiene capacidad para suplir la demanda local e internacional de los países vecinos”.
Rechazo
De acuerdo con la encuesta de elCaribe, el 82.1% (686 votos) de los lectores rechaza los planes de la Barrick Gold de instalar una fábrica de explosivos en el país, mientras que el 17.9 dijo que sí (150 votos).
