Es lenta, desigual y cara

En el acto solemne de celebración del día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia presentó los avances y desafíos de este sector en la República Dominicana. Uno de los aspectos destacados fue el alto porcentaje de casos que fueron fallados durante el pasado año 2014, lo que le sirvió de sustento al magistrado presidente para señalar que la justicia en el país no es lenta, contrario a lo que afirman diversos sectores y a lo que le ha tocado vivir a muchas personas que deben esperar años para que su situación sea atendida.
A más de 15 años de iniciadas las reformas del sistema de administración de justicia en el país, la principal pregunta es si la gente está recibiendo un servicio de calidad. Se puede avanzar en nuevas edificaciones, en la aplicación de tecnología, en la implementación de actualizados programas de capacitación o en el diseño de nuevos procedimientos judiciales, pero si siguen existiendo obstáculos para el acceso a la justicia, no es mucho lo que se ha logrado.
Atendiendo a que la población es la usuaria del sistema público de justicia, un Poder Judicial que procure ser garante de los derechos individuales debe centrarse en el servicio, el cual debe darse con eficiencia y celeridad.
Para poder decir que en el país se avanza en materia judicial, se requiere un sistema que garantice igualdad a los diferentes sujetos procesales, así como gratuidad o costos moderados. Estas son condiciones necesarias para lograr un efectivo acceso a la justicia sobre todo de los sectores de menores ingresos. Sin embargo, en la realidad de la justicia dominicana se da todo lo contrario, como procesos judiciales en los que determinados grupos de poder cuentan con privilegios. Ejemplo de esto es que la justicia penal se aplica fundamentalmente a los más pobres. Al mismo tiempo, el elevado costo de estos procesos se constituye en la práctica en una denegación de justicia para muchos sectores.
El día del Poder Judicial encuentra al sector con muchas limitaciones para garantizar un real Estado de derecho y a su vez, con serios retrocesos en cuanto a su independencia. La integración de las Altas Cortes y la incapacidad de la justicia de conocer y sancionar los actos de corrupción, es una muestra de la falta de autonomía que le ha caracterizado frente al poder político. La independencia del Poder Judicial y la creación de condiciones para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, son los principales retos que se presentan hoy al sistema judicial dominicano.