Quisiéramos tomar las amenazas contra los periodistas Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Roberto Cavada y Amelia Deschamps, como acciones de chiflados, pero si atendemos los detalles, habría que considerarlas con seriedad.
De acuerdo con la denuncia, durante actos auspiciados por un denominado Movimiento Patriótico Independiente en Santiago y en Azua, se han proferido incitaciones a la violencia contra esos distinguidos comunicadores.
Según lo expuesto, el 10 de enero Cavada fue objeto de insultos de parte de un individuo, frente a un centro comercial. Algo parecido le ocurrió a Deschamps.
Lora y Díaz recibieron llamadas amenazantes. Todas esas acciones parecerían estar motivadas en una supuesta campaña de defensa de “la patria”. Una locura.
Díaz, Lora, Cavada y Deschamps son periodistas de una muy bien valorada credibilidad, personas entregadas al ejercicio de su profesión, con un sentido muy elevado de responsabilidad y de defensa de los derechos ciudadanos.
En particular, Lora y Díaz son dos viejos combatientes de la libertad y la democracia. Y resulta paradójico que se pretenda atemorizarlos para que rehúyan su firme compromiso con la libre expresión. En forma alguna lo conseguirán.
Aunque las acciones reveladas son propias de grupos marginales, insignificantes, las mismas requieren atención. Quizás los periodistas esperaron algún tiempo, porque usualmente estos casos en un primer momento se dejan pasar. Pero han ido demasiado lejos. Por lo que dicen, hay cierta sistematicidad y conexidad.
Los periodistas han hecho bien en dar a conocer lo que ocurre y presentar la formal denuncia ante las autoridades, las cuales están obligadas a investigar.
Si existe una voluntad dirigida, entonces conviene que además de investigar a fondo la denuncia, se adopten las medidas de lugar para garantizar que los comunicadores desarrollen sus vidas rodeados de la seguridad a que tienen derecho.
Pero además, no se puede permitir que en una sociedad democrática, abonada con tanto esfuerzo para alcanzar el estado en que se encuentra, elementos insensatos pretendan atentar contra el derecho a informar y ser informado. Y mucho menos recurriendo a amenazas de muerte.
