Apelan sentencias que favorecen a Félix Bautista y a alcalde SFM

El Ministerio Público apeló ayer la sentencia de “no ha lugar” que favoreció al senador Félix Bautista y otros seis.

El Ministerio Público apeló ayer la sentencia de “no ha lugar” que favoreció al senador Félix Bautista y otros seis.Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó que en el expediente de 661 páginas rebaten los argumentos del juez Alejandro Moscoso Segarra para dictar el no ha lugar en favor del senador.

Explicó que es un recurso amplio, basado en argumentos trascendentales, no solamente para ese caso sino para los temas de prevención y persecución tanto de los delitos de corrupción como de lavado de activos.

“Entendemos que este no solamente tiene una trascendencia para el caso en particular sino también para todo el sistema penal y todo lo que tenga que ver con la persecución de los temas de crimen organizado, muy específicamente los temas de lavado de activos y de corrupción”, expuso Pelletier.

Destacó que entre los puntos atacados en el recurso de Apelación que deberá conocer la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, está lo referente a la aplicación de “doble persecución” destacada por el juez de la instrucción especial, Alejandro Moscoso Segarra en su sentencia el pasado 27 de marzo.

De igual forma, la aplicación a la exclusión probatoria respecto a los informes suministrados por la Superintendencia de Banco, asimismo el tema del enriquecimiento ilícito en lo referente a la inversión y el fardo de la prueba.

“No existe doble persecución. En una parte del recurso señalamos 16 hechos nuevos, numerados inclusive, que tienen que ver con contrataciones muy diferentes que no fueron tratados ni en los archivos provisionales, ni en el archivo definitivo”.

Tradicionalmente no han tenido orden judicial en caso de lavado
Reiteró que tradicionalmente al Ministerio Público nunca habían solicitado autorización judicial en los temas de lavado ya que son autoridades competentes de acuerdo al Código Monetario y Financiero y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

“En lo que ha sido la materia de lavado de activos y persecución de la corrupción, tradicionalmente el Ministerio Público no ha tenido ni se le ha requerido por parte de la Superintendencia de Bancos ni por parte tampoco de los tribunales de la República la certificación”, resaltó.

Laura Guerrero expresó que esto es “en virtud de que en lavado existe toda una estructura legal, especial, que le permiten este tipo de requerimientos”.

Señaló que con la decisión se crea un precedente ya que de ahora en adelante para ellos investigar y obtener información de transacciones sospechosas en las entidades financieras se tendrá que pedir una autorización de juez lo cual impedirá realizar adecuadamente su labor como órgano persecutor.

Explicó que en un sistema donde el órgano persecutor tenga que tener autorización judicial para pedir información de una situación sospechosa, o si el mismo banco tiene una situación de información sospechosa, obligaría a que diariamente se emitan miles de órdenes judiciales porque se realizan muchas operaciones sospechosas las cuales deben ser investigadas a prima fase y dar una respuesta de lo que está sucediendo.

El juez Moscoso Segarra negó dictar auto de apertura a juicio contra el senador Bautista Rosario así como José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Grisel Araceli Soler Pimentel, Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.

Alcalde de San Francisco

El Pepca ayer también depositó ante la Cámara Penal de la Provincia Santo Domingo el recurso de apelación de la decisión a favor del alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, de malversar más de 400 millones de pesos.

La apelación cuenta con un legajo de pruebas “fundamentados en vicios importantes a lo que son la normativa penal en base a aplicaciones de las leyes”, refirió la titular de la entidad.

Indicó que los vicios encontrados en la decisión dictada por el juez Víctor Mejía Lebrón de la Corte de Apelación de la provincia es “errónea y acomodaticia a los intereses que representa el síndico de San Francisco de Macorís”.

El magistrado dictó auto de no ha lugar en favor del alcalde y de Fior Daliza Hernández, extesorera del ayuntamiento, Gerson Geris Lizardo, encargado de Nómina, y la esposa de este, Ana Hilda Bobie Aquino.

Igualmente, ordenó el cese de toda medida de coerción que pese contra los imputados por no existir probabilidad de que sean condenados en un juicio de fondo ya que las pruebas son insuficientes.

A los acusados se les había impuesto medida de coerción, consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida.

Juicio público

Las manifestaciones de rechazo al dictamen del juez Segarra se continúan sintiendo en distintos niveles de la sociedad dominicana así como el del magistrado Mejía Lebrón a favor del alcalde.

Varias organizaciones sociales han anunciado que a partir del 12 de abril realizarán juicios populares en todo el territorio nacional en contra del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) así como contra el alcalde de San Francisco de Macorís.

Entre las entidades convocantes figuran la Convergencia Nacional de Abogados (Cona) y la Fundación Justicia y Desarrollo Local, cuyos representantes invitaron a la población a hacer justicia popular en las calles.

“No existe una Suprema imparcial, entonces que lo juzgue, como en efecto ya, lo ha juzgado, el pueblo. Que nos acompañen a partir del próximo domingo, a las 4:00 de la tarde, en el Parque Independencia a los fines, de aun respetando los derechos de esos mal llamados ciudadanos, juzgarles”, dijo Junior Ramírez, de la agrupación de abogados.

PC critica la actuación del juez de la Suprema

La directora Ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, afirmó que el fallo emitido por la Suprema Corte en el caso del senador Félix Bautista es una decisión complaciente en una justicia “secuestrada”, la cual sienta un precedente nefasto y que ha puesto a temblar el sistema de justicia al mantener privilegiada la impunidad. Sosa Pérez entiende que, al emitir dicha resolución, la Suprema premia la corrupción administrativa y la impunidad, en donde lamentablemente deja al desnudo esa afirmación, debido a que el actual Código Procesal Penal es, según dijo, garantista con aquellos que desvían recursos públicos.

Califican la justicia como una vergüenza

El padre Domingo Legua, vicario de la pastoral social de la arquidiócesis de Santo Domingo, utilizando la Catedral Primada de América como escenario, calificó la Justicia como una vergüenza para los dominicanos. Sin embargo, indicó que anhela que la misma sea más diáfana, veraz y justa, donde se emitan sentencias en función de la gravedad de los casos. El sacerdote señaló que una mejor manera de vivir es trabajando en común por el bien del pueblo.

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