En cualquier país democrático, cuando un funcionario público pierde o abusa de la confianza de la sociedad, si tiene honor y respeto por sí mismo, su familia y las funciones que desempeña, sólo tiene el camino de renunciar e irse a casa, para evitar el deshonor de ser expulsado.
Este debería ser el caso del juez de Instrucción Especial, Alejandro Moscoso Segarra, designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, para asegurar el infame descargo del senador Félix Bautista, acusado por el Ministerio Público de once cargos criminales, en perjuicio del erario nacional. Y, por supuesto, el del propio presidente de la Corte, al autorizar mensajes en su cuenta de Twitter endosando dicha sentencia, pendiente de ser conocida en apelación por una sala del tribunal, con lo cual, de hecho, el pleno de la SCJ se inhabilita para conocer del caso. Cuando se escriba la historia contemporánea del Poder Judicial estos hechos convertirán ese día, 27 de marzo, como un viernes negro de la justicia dominicana.
El presidente de la Suprema pretende ahora reducir el conflicto que él creó, a sabiendas de la afinidad política y afectiva del juez y el acusado, en un conflicto de pareceres con el Procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, obviando referirse a la indignación que esa y otra sentencia similar absolutoria en favor del alcalde de San Francisco de Macorís acusado de malversación de fondos, han provocado en las iglesias, la sociedad civil, el empresariado y el público en general. La inexplicable omisión del juez presidente se le recordó ayer con la publicación en espacio pagado por la cúpula empresarial de un documento ya conocido de la Fundación Institucionalidad y Justicia, muy crítico del comportamiento del presidente de la SCJ, con la que de hecho el Conep reitera su rechazo a lo que el juez titular de la SCJ trata penosamente defender, en lugar de irse con otros jueces.
