SAN SALVADOR. La exigencia de grupos civiles de que se reabra la investigación del asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero pretende abrir una puerta que elimine la impunidad que prevalece en El salvador desde hace más de 35 años.“La fiscalía tiene todas las facultades para investigar de oficio”, dijo el abogado Alejandro Díaz de la Oficina de Tutela Legal, una organización que decidió continuar el trabajo iniciado por Romero cuando era arzobispo para ayudar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares antes y durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
“No podemos distraer la atención con la beatificación”, agregó.
Romero, asesinado el 24 de marzo de 1989, será beatificado el sábado luego de que la Congregación para todos los Santos del Vaticano lo declara mártir. El caso fue archivado en mayo de 1993, cuando el gobierno derechista de Alfredo Cristiani emitió una ley de amnistía para los involucrados en la guerra civil.
