A pesar de que se considera que el trabajo es la base de la inclusión social, el acceso de las personas que viven con algún tipo de discapacidad a un puesto se hace más que difícil, y los que lo han logrado se lo deben más a las voluntades personales de los empleadores que a una estrategia o acción directa del Estado.
La Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana establece un 5% en el sector público y el 2% en el privado, pero escasas instituciones públicas y empresas privadas tienen diseñados programas dirigidos a favorecer a este grupo, que alcanza el 12.3% de la población dominicana, es decir, 1,160,847 personas, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010.
Resulta significativo que de este porcentaje el 65.9% se encuentra en un rango de edad de entre 15 a 64 años, es decir, se trata de una población en edad económicamente activa, la mayoría residiendo en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Cristóbal.
Del total, un 56.3% son mujeres y 43.7% hombres, siendo las limitaciones físico-motoras, visual, déficit atencional o intelectual y auditivas las más comunes.
Es de observar que en el país no se considera la obesidad ni los dolores de espalda o lumbalgia como discapacidades, a pesar de que son de las enfermedades que temporal y permanentemente provocan más incapacidad y ausentismo laboral.
En busca de un puesto
Para las personas con discapacidad su condición no las amilana en sus deseos de acceder a un puesto de trabajo. Ejemplo de ello lo es el hecho de que durante la feria de empleos celebrada a finales del año pasado más de 500 personas con discapacidad se presentaron al campus de la Universidad Iberoamericana a depositar sus currículos.
Durante la feria, la coordinadora técnica de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad en la República Dominicana, Marian Cortés, reveló que más de un 66% de las personas desempleadas en el país tienen algún tipo de discapacidad.
María de la Gracia Hernández, que se moviliza en silla de ruedas desde los 8 años como resultado de la poliomielitis, fue de las personas que depositaron sus hojas de vida, en la cual hace constar que es técnica contable y tiene un manejo adecuado de programas informáticos básicos. Pero aún no ha sido llamada y no esconde su desconcierto.
“Perdí la esperanza de conseguir un buen trabajo, pero a Dios las gracias me la busco llevando igualas a negocios como colmados y tiendas que están en las inmediaciones de mi casa”, dice. “Digo a Dios las gracias porque no me quejo, me está yendo bien y hay muchísimas personas como yo que no tienen nada y son bien capacitadas”.
Otras personas, como Nancy Nina, del Indrhi, han logrado escalar en sus trabajos sobreponiéndose a su discapacidad.
Ley que no se cumple
Para la abogada Evarista Rodríguez, “el problema es que como casi todas las leyes del país, la Ley 5-13 no se cumple”.
Observa que “en el papel la Ley 5-13 busca, ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad, por lo que sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observación general, basada en los principios de respeto a la dignidad inherente a la condición humana, no discriminación, igualdad de derechos, equidad, solidaridad, justicia social, integración e inclusión, participación y accesibilidad”.
A su juicio, “Una de las excusas a la hora de justificar la no aplicabilidad de la Ley 5-13 es que no se ha elaborado su reglamento de aplicación, el cual definiría cuestiones como los niveles de salarios, así como el tipo y tiempo de trabajo en base a la capacidad o discapacidad de las personas, mientras que el Consejo Nacional de Discapacidad, que debe procurar que las instancias públicas y privadas garanticen la participación y la inclusión laboral de este grupo en sus nóminas, no tiene la fuerza suficiente para hacer valer dicha legislación”.
Modelo de Inapa
La psicóloga clínica Milagros Guillén, que coordina el Programa de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad que ejecuta el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), una de las mayores limitantes que enfrentan las personas con discapacidad es la incorporación en el mercado laboral, a pesar de que la mayoría se encuentra en edad para ser económicamente productiva, se le excluye de la producción económica del país.
Al respecto, afirma que “la exclusión del mercado laboral formal genera que muchas personas con discapacidad se incorporen en el mercado informal o caigan en la mendicidad”.
Ha sido pensando en esa realidad, señala, que desde el inicio de la presente gestión el Inapa viene ejecutando su programa de inserción laboral, mediante el cual unas 47 personas con discapacidad físico-motora, visual, intelectual, distrofia muscular y deficiencia de atención con hiperactividad desarrollan sus actividades en un ambiente de igualdad.
Entre ellos se encuentran abogados como José A. Marmolejos; comunicadores como Fernando de la Cruz, Gilberto Desangles, y su asistente Ginaira Aybar.
“A pesar de que aún estamos distantes de concretizar algunos aspectos importantes dentro del proceso de inserción, tal como lo establecen las sociedades más avanzadas, podemos presentar el modelo de inserción de Inapa, como un modelo exitoso y ejemplarizador”.
