Algo que debe quedar claro sobre la inmigración ilegal de haitianos hacia esta parte de la isla, es que ningún país está obligado a documentar o regularizar el estatus migratorio de todo aquel que ingresa a su territorio. Ese es un concepto que el gobierno del presidente Danilo Medina está reivindicando ante la comunidad internacional, al reclamar el legítimo derecho nacional de regularizar la permanencia en el territorio dominicano de extranjeros, respecto de lo cual una inmensa mayoría de la población está de acuerdo.
Las pasiones, las posiciones extremas, han contaminado el debate sobre un asunto de la mayor trascendencia para el país y la convivencia entre dos naciones, muy diferentes cultural y económicamente, que comparten esta pequeña isla del Caribe. La ofensiva diplomática emprendida por el gobierno ayudará a eliminar la desinformación que el Plan Nacional de Regularización ha generado en un ambiente internacional lleno de prejuicios contra el país. Y su aparente intención de no acceder a las demandas irracionales de deportaciones masivas, que traería a la postre una oleada mayor de inmigración ilegal, calmará los injustos ataques que se han vertido sobre el país, para que las aguas vuelvan a su nivel.
La realidad nos impone, a las dos naciones, una sola opción, que no es otra que trabajar por un clima permanente de cooperación, para evitar que los resentimientos históricos dañen las posibilidades de entendimiento. Sólo así podrá crearse un clima de oportunidades para ambas partes, en base a un respeto mutuo de sus características nacionales y sus tradiciones. Si de un lado y del otro de la frontera común se siguen añadiendo cuentas al rosario de odio, que muchos blanden en sus manos, terminaremos viendo crecer la semilla de la confrontación en los corazones de haitianos y dominicanos, desperdiciando una vez más las oportunidades que la cooperación pone en nuestras manos.
