A la República Dominicana la quieren freír en alquitrán porque se le ocurrió aplicar su Constitución e implantar una política migratoria humanitaria, que concede estatus a cerca de medio millón de ilegales. Mientras eso ocurre, en el Caribe, países como Bahamas no dudan en capturar inmigrantes en alta mar y devolverlos a su país de origen. En Europa, les han declarado la guerra a quienes se aventuran a cruzar sus fronteras sin un visado.
En Hungría, el gobierno “utiliza cientos de presos para levantar una valla antiinmigrantes en la frontera con Serbia, hasta Alemania, donde los sin papeles carecen de derechos básicos”, dice el diario El País, de España, y agrega: “La Unión Europea (UE) está decidida a demostrar su dureza con los visitantes no deseados. Todos los países (excepto España y Portugal, que sólo prevén la devolución), tienen multas y hasta penas de cárcel por entrar ilegalmente…”.
El diario español sintetiza el panorama en la UE: Inglaterra penalizará emplear ilegales, “los bancos deberán verificar las cuentas de los sospechosos de situación irregular (para que las autoridades puedan confiscar su salario) y los caseros afrontarán penas de hasta cinco años de cárcel si alquilan viviendas a quienes no puedan probar su residencia”.
En Francia, “la mayoría de las personas sin papeles que son controladas acaban en comisaría, por un plazo máximo de 16 horas, al fin del cual los agentes les entregan una orden de abandonar el país…”.
En Italia, los migrantes irregulares son interceptados en la frontera, “mientras que la ley estipula que también lo serán si están ya dentro de territorio nacional de forma irregular”.
En Holanda, “los inmigrantes ilegales son recluidos en centros de acogida repartidos por el país para no sobrecargar sólo a los grandes municipios. En la práctica, están aislados de la sociedad. Sin permiso de estancia y de trabajo, deben irse”.
España, el gobierno del Partido Popular aprobó “una batería de reformas legislativas que complica aún más la situación de los sin papeles”.
Ni hablar de los ilegales en EEUU. Pero sólo se pretende condenar a República Dominicana, que igual es soberana para decidir su política migratoria humanitaria.
