La historia se repite cada cuatro años y más que contribuir a la elevación del debate público, y a la institucionalidad democrática del país, revela las grandes carencias de nuestras élites políticas. Me refiero al cuestionamiento de las estadísticas y los resultados del comportamiento de las principales variables macro-económicas del país en los tiempos de campaña electoral. Aunque técnico-jurídicamente hablando, la campaña electoral comprende un período de varios meses previos a las elecciones, en la práctica el proselitismo generalmente comienza un año antes de los sufragios y hasta antes. Desde entonces, es común escuchar a líderes y candidatos, así como a sus técnicos o asesores, o a simples «opinantes calificados» criticar cualquier resultado económico que pueda considerarse bueno o satisfactorio. Se piensa, erróneamente, que siempre se debe descalificar las estadísticas oficiales, porque de esa manera se obtienen votos, ignorando que, en contextos de estabilidad macroeconómica con crecimiento, alta definición electoral y con escasos márgenes de indecisos, ese discurso se ha tornado siempre improductivo.
En el caso dominicano, esta propensión a cuestionar las cifras económicas muchas veces se ha «condimentado» con campañas sucias contra las autoridades de los entes que procesan y generan las estadísticas económicas, con la vana ilusión de demeritar datos que simplemente se limitan a registrar la realidad económica pura y dura, desconociendo que estas estadísticas son originadas por los propios entes productivos. Nuestra historia reciente recoge la experiencia de una organización política que en tiempos de campaña fue capaz de cuestionar hasta la saciedad las estadísticas económicas del período 1996-2000, para luego salir a vender dos emisiones de bonos soberanos con esos mismos resultados. Esa es una lección que ha debido ser aprendida.
El levantamiento, procesamiento y difusión de las estadísticas sobre el comportamiento de la economía es una actividad permanente que en nuestro país realiza básicamente el Banco Central, desde hace décadas, de acuerdo con los estándares y manuales internacionales, lo que ha permitido a los sectores productivos de la nación y a los inversionistas extranjeros contar con series de datos confiables, validadas por organismos multilaterales, que constituyen insumos imprescindibles al momento de adoptar decisiones de consumo e inversión. Que la economía dominicana se expandió a una tasa de 6.4% en el primer semestre del presente año, o que el índice de pobreza se ha contraído en diez puntos porcentuales en los últimos tres años, son datos que reflejan la forma en que la economía dominicana reacciona al entorno macro-económico y a las políticas públicas que en los ámbitos de lo fiscal, monetario, la banca solidaria y los programas sociales del Gobierno que se vienen realizando.
Cuestionar esos resultados, a veces mediante el golpe bajo del cuestionamiento de las autoridades, sin herramientas técnicas y por un mero objetivo electorero, no solo no va a cambiar las realidades en que se basa la estadística, sino que solo contribuye a devaluar el muy cuestionado discurso político criollo, convirtiendo esas críticas en meras «leyendas urbanas».
