Hace dos semanas, el alcalde de Nueva York, Bill de Blassio, visitó la comunidad de Washington Heights para explicar su plan de construcción de 200 mil unidades de viviendas con el fin expreso de enfrentar la crisis habitacional que azota a la ciudad de Nueva York. El debate está centrado en el proceso de rezonificación de 15 barrios donde es preciso levantar los nuevos edificios construyendo hacia arriba, debido a que el espacio terrestre disponible es insuficiente. Esto implicará demoler amplias zonas de vecindarios con muchas familias que llevan muchos años en sus apartamentos y que ahora corren el riesgo de ser desplazadas, sin que todavía quede claro el mecanismo para reubicarlas en los nuevos edificios o en apartamentos similares. Mucha gente ignora lo que viene y está ajena al proceso. El proyecto contempla 1,000 unidades en Washington Heights., con 10% o 30% de vivienda asequible.
Es innegable que la construcción de nuevos edificios traerá progreso y desarrollo. Pero también dejará secuelas dolorosas de desplazamientos y despojos indeseados de su hábitat a miles de familias con raíces culturales, religiosas y económicas en sus vecindarios. El mayor temor está en que los más perjudicados sean las familias de menores ingresos, como siempre, casi todos por debajo de la línea de pobreza de los 25,000 dólares al año. Y que los mayores beneficiarios sean aquellos que tienen los más altos ingresos, las familias que ganan más de US$80 mil y US$150 mil anuales, las minorías. Los vecinos del Bronx y Washington Heights, familias y dueños de negocios, están preocupados sobre el su estatus futuro incierto. El alcalde habla de preservar la vivienda asequible disponible y para ello ha dispuesto un fondo legal de 50 millones de dólares, a fin de ofrecer asesoría jurídica gratis a las familias amenazadas con el desalojo injusto.
Ocurre que no basta con eso, en una ciudad que expulse cada año más de 10,000 inquilinos de sus apartamentos, y que en los últimos 20 años ha visto perderse más de 400 mil unidades de vivienda asequible. Es decir, apartamentos para envejecientes, madres solteras y personas de bajos ingresos, a quienes la ciudad otorga apartamentos de bajo costo mediante programas especiales de sección ocho, y a través de fondos federales provistos por el gobierno federal desde Washington.
La crisis ha dejado a miles de familias fuera de esos programas sociales de vivienda asequible y quienes logran, con mucha dificultad, tener la suerte de que le asignen uno, deben durar entre diez y quince años esperando por su entrega.
El déficit habitacional de Nueva York ha desatado la furia de los dueños de apartamentos que presionan a millones de inquilinos de renta controlada o programas especiales para que se muden. Están ofreciendo hasta 100,000 dólares por apartamentos que hoy pagan poca renta y que ellos quieren revender a precios quintuplicados. Lo mismo sucede con los negocios, la renta es triplicada cuando vence el contrato, lo que lleva a la quiebra a miles de negocios.
La pregunta obligatoria es qué pasará con los nuevos proyectos anunciados por el alcalde con esas familias de escasos ingresos que serán desplazadas en el Bronx desde la 167 hasta la 183 en la avenida Jerone.
¿Quiénes serán los inquilinos de nuevos apartamentos, si la gente no gana más de 25,000 dólares en promedio en esa zona? ¿Y qué impacto tendrá en el aumento global de la renta en esas barriadas pobres? Lo que viene puede ser la debacle.
