Desde que se convirtió en la defensora del pueblo en el 2013, Zoila Martínez de Medina ha asumido 1,625 casos.Eso sin contar los que no se registraron de manera formal, esos que asumió cuando tenía su oficina en su casa. Ahora, la Defensoría del Pueblo cuenta con un elegante local en el centro de la capital, donde trabajan más de 50 empleados, y con un presupuesto anual de RD$150 millones.
A la oficina de Zoila Martínez llegan todos tipos de casos: ataques al medioambiente, violaciones sexuales, reclamaciones de residentes cuyo terreno está siendo utilizado para construcciones estatales, productos vencidos en los supermercados, personas con enfermedades catastróficas y sin dinero para su tratamiento. Y hace seis días, allí llegó desde Fondo Negro, Barahona, un caso de varios niños hermafroditas que han tenido problemas para ser inscritos en el registro civil.
De los asuntos más recurrentes están los dominicanos que no tienen documentos. Martínez cuenta que hasta su oficina han llegado casos de familias con tres y cuatro generaciones sin un papel que los identifique. Recuerda que actualmente hay más de 100 casos de niños que no tienen acta de nacimiento y que la Defensoría está orientando a sus parientes sobre como adquirirlos.
Otras de las quejas más comunes son de usuarios que reciben la factura de las Distribuidoras de Electricidad un poco elevadas, comenta una de las empleadas de la oficina. Y en eso Martínez interrumpe: “Un poco elevadas no. ¡Abusivas! Y le cortan la electricidad, yo no voy a estar tapando a nadie. Le cortan la electricidad por un día que se pasen. Pero no te tiran el recibo (en la casa) y si no tienes internet qué diablos sabes cuánto tienes que pagar”, se queja.
“Todo esto lo he hecho yo. Cada detalle que ves, como puedo lo voy trabajando”, dice Martínez de Medina mientras muestra en un recorrido cómo funciona el local donde labora. Con lo que cuenta da indicios de su entrega. Pero cuando se le cuestiona cuáles han sido los casos que más le han impactado, es el momento en que confiesa entre lágrimas que a sus casi 75 años no tiene la esperanza de que su país pueda mejorar.
“Lo casos que más me impactan es ver niñas de 10 y 11 años pariendo. Ver los hospitales colapsados totalmente. Ver pueblos que nunca han tenido agua, ver mi país depredado…”, ahí su voz falla, sus ojos comienzan a brillar y continúa: “porque alguien con influencia tumba los árboles y extrae las arenas de los ríos y materiales. Me impacta ver la miseria de algunos y la bonanza de otros. Ver cómo hay personas que están pensionadas con 800 mil pesos, con dos y tres bonos al año, y otras que apenas tienen cuatro, cinco, seis mil pesos. Ver que no hay medicamento para la clase pobre, mientras otros tienen seguro de salud en dólares y euros”.
Martínez dice que su trabajo de ahora es muy similar a lo que vivió siendo fiscal del Distrito Nacional cuando Joaquín Balaguer ejercía su último mandato. “Si hay alguien dolida y ya con poca esperanza, porque tengo muchos años, esa soy yo. Quiero que mi país se arregle, yo colapsé con el sistema”, se lamenta, quien también fue embajadora en Corea.
Los trabajos de la oficina
Ahora mismo, desde la oficina están contactando a los familiares del reo que murió el pasado martes por deshidratación y desnutrición en la cárcel de Higüey para trasladarse allí y conocer a fondo las condiciones de la cárcel. Y también tienen en sus manos el caso de los obreros que durante el mes pasado se enfermaron de histoplasmosis cuando limpiaban el túnel de la presa Tavera-Bao y López Angostura. La defensora está luchando para que los sobrevivientes y los familiares de los tres que murieron por esta causa obtengan una indemnización. Son dos de los varios casos que contó a elCaribe.
Y así Martínez, habla extendidamente sobre los casos que ha asumido y cómo conoce el funcionamiento de este sistema. Y explica que, de acuerdo con la ley su función se limita a tomar los casos que aún no están en proceso judicial. Esta Defensoría asume un papel de mediadora, en algunos casos, o de guía, en otros. Siempre en concordancia con proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Se requiere mucha pasión y conexión con el pueblo, especialmente con los más desposeído, más abusados. Con el pueblo que no sabe defender sus derechos ni los conoce tampoco”, reflexiona la dama.
La Defensoría recibe denuncias de todo el país
De los 50 y tantos empleados que tiene la Defensoría, unos 15 son abogados inspectores, esos que se trasladan a otros puntos del país cuando una injusticia lo amerita, como el reo que murió en Higüey. “Los casos más importantes los asumo yo”, dice Martínez y admite que a esta entidad le hace falta llegar a la población y que la gente conozca su labor.
La Defensoría del Pueblo está ubicada en la plaza Merengue, entre las avenidas 27 de Febrero y Tiradentes del Distrito Nacional. Allí se reciben denuncias desde cualquier punto del país al teléfono (809) 381-4777 y al correo electrónico [email protected]. “Aquí estamos para hacer con el pueblo química y ayudarle a que no sigan siendo tan abusados”, sentencia Zoila Martínez de Medina.
