El Ministerio de Energía y Minas informó ayer que la familia Abinader Corona maneja de manera ilegal la empresa Cementos Santo Domingo porque mantenía sus operaciones sobre la base de un permiso de exploración y no de explotación de rocas calizas en Azua. La institución rectora de la política minera y energética del país afirmó que “Cementos Santo Domingo ha manejado sus operaciones en el lugar sobre la base de una concesión de exploración que obtuvo en otros gobiernos y que no es lo mismo que concesión de explotación”.
“Otorgar esa concesión sería una flagrante violación de su propia legislación, la Ley de Medio Ambiente, un marco legal de orden público, y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, que integró el 92.78% de los terrenos de interés de la empresa al parque Francisco Alberto Caamaño Deñó”, establece un comunicado del ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde.
Explicó que al recibir y analizar a la luz de las leyes y las normas la solicitud formal de concesión de explotación, al Ministerio “no le quedaba otro camino que emitir la declaratoria de desaprobación, mediante resolución 00022-15, porque de hacer lo contrario sería pasible de sometimiento a la justicia, comprometiendo su responsabilidad civil y penal”.
“En definitiva, a Cementos Santo Domingo no le ha sido otorgada autorización ni derechos para explotación de rocas calizas en el área especificada; solo ha tenido concesión de exploración, por lo que si está explotando lo hace sin el título habilitante. En el Ministerio de Energía y Minas tampoco reposa autorización alguna de planta de beneficio”, explicó Isa Conde en el referido comunicado.
Aclaró que el recurso de amparo que benefició a Cementos Santo Domingo en 2007 fue en protección de sus derechos de exploración, por lo cual el Estado dominicano no ha revocado la resolución que en ese sentido otorgó la Secretaría de Industria y Comercio en el año 2000.
“Todo indica que durante 15 años Cementos Santo Domingo ha estado usufructuando una concesión de exploración –cuyo plazo legal es de 5 años- con la cual ha realizado actividades de explotación de hecho sin que ninguna autoridad advirtiera el estatus legal de la operación”, señala el comunicado.
Isa Conde afirmó que la única solución viable para resolver el reclamo de Cemento Santo Domingo es que se modifique la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, decisión que no corresponde al Ministerio de Energía y Minas, por ser atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.
Luis acusa a Medina de instalar dictadura de partido
En una carta dirigida al director de este diario, Osvaldo Santana, Abinader acusa al presidente Medina de atentar contra la democracia, la legalidad y la seguridad jurídica. A continuación la carta íntegra:
Señor Osvaldo Santana,
Director periódico el Caribe
Estimado Osvaldo:
Por medio de la presente quiero hacer de su conocimiento un grave atentado contra la democracia, la legalidad y la seguridad jurídica por parte del presidente de la República.
Danilo Medina intenta dar el siguiente paso en su plan para instalar una dictadura de partido en la República Dominicana: la persecución política.
En el expediente adjunto, que presentó mi familia en conferencia de prensa, se documenta cómo el gobierno intenta afectar arbitrariamente la empresa Cementos Santo Domingo, de la cual somos accionistas del 50% con inversionistas españoles.
La historia se resume en los siguientes tres puntos:
1.Cementos Santo Domingo le da sustento a centenares de familias. Fue fundada hace más de 16 años y desde el 2007 ha producido millones de toneladas de cemento. Desde siempre, la empresa ha operado con la máxima responsabilidad fiscal, jurídica, social, laboral y ambiental.
2.De buenas a primeras, después de 16 años de existencia, el Gobierno, a través de desconocer nuestros derechos, decidió el 13 de noviembre de 2015 desconocer nuestros derechos, poniendo en riesgo la operación de la empresa. Llama la atención que quien firma documento es el señor Edgar Mejía, cuñado del presidente Medina y viceministro de Minas.
3.Afortunadamente, para todos los trabajadores y beneficiarios de la empresa, nuestros documentos están en la regla porque nosotros sí somos respetuosos de la ley y gracias a ello, la empresa ha podido mantener sus operaciones.
Con esta acción, el presidente Medina ha cruzado la línea que divide la democracia del autoritarismo, ha iniciado una persecución en contra de quien piensa diferente a él; en contra de quien representa el cambio.
Es preocupante el mensaje que está enviando el presidente. Esto no es sólo un ataque contra Luis Abinader, esto es un ataque contra la libertad. Esto no es un ataque contra un candidato y su familia, es un atentado contra la seguridad jurídica, la libre empresa y la democracia.
Esta es una de las acciones desesperadas del grupo oficialista intentado inútilmente detener el cambio que quiere la gente. Sabemos que como éstas vendrán muchas otras, estamos preparados para enfrentarlas. Nuestra mejor arma es la verdad, sigo adelante, en firme, como el candidato del cambio, porque sé que cuento con el respaldo de millones de dominicanos que quieren poner fin a la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la corrupción, de eso es que se trata esta elección.
La denuncia de los Abinader Corona
La familia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, denunció que el gobierno del presidente Danilo Medina le negó la concesión minera de Hatillo, en Azua, a la empresa Cementos Santo Domingo. Informó que la decisión le fue comunicada el 13 de este mes por el Ministerio de Energía y Minas y que el argumento para tomar la decisión es que opera en un parque nacional.
El presidente de la referida empresa, José Rafael Abinader Corona, en una conferencia de prensa convocada para esos fines, aseguró que llevan años operando en el mercado y que siempre han cumplido con todos los requisitos de ley.
”El Gobierno atenta contra esta empresa, un acto de abuso de poder, evidentemente motivado en que uno de los miembros de nuestra familia, Luis Abinader Corona, es el candidato presidencial del cambio, compitiendo con el presidente Danilo Medina, aspirante a la reelección”, sostuvo.
Según el expediente, el 27 de diciembre del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió el permiso ambiental número 1191-11 por cinco años para continuar las operaciones de dicha empresa, y que en el mismo se indica que ha cumplido con el programa de manejo y adecuación ambiental.
“El Ministerio de Energía y Minas alega que opera en un parque nacional y que por tanto no se le puede aprobar esa concesión de explotación, pero resulta que esa ley que declara parque nacional esa zona, data del 2009 y nosotros tenemos el permiso de explotación y exploración desde el 1999”, explicó. Dijo que es un principio universal en los países democráticos el principio de irretroactividad de la ley. “Esa es una posición evidentemente que no está vinculada a ningún interés legal, sino político”, apuntó Abinader durante la conferencia de prensa.
Presentan documentos de permiso explotación
Como parte de los documentos que prueban la legalidad con que opera la empresa, Abinader mostró una resolución emitida el 5 de julio del 1999 por la entonces Secretaría de Industria y Comercio. “Esta dirección se complace en informarle que su solicitud de autorización para establecer un negocio de explotación de yacimientos de calcáreos para la producción de agregados y cementos ha sido aprobada de conformidad con las disposiciones del artículo primero de la Ley No.5260 del 30 de noviembre de 1959”, establece. Abinader también mostró otro documento del tres de agosto del 2004, en el que la entonces Dirección de Minería adscrita a Industria y Comercio, comunica que no tiene objeción para que se otorgue el permiso de explotación a la referida empresa.
