La “justicia” está en el ojo del huracán. Las informaciones se suceden de forma rápida y en el camino quedan honras dañadas de forma quizás irrecuperable.
Los contendientes han desplazado la lucha de facciones políticas a lo interno del partido de gobierno hasta las puertas de Temis.
Para entender debemos leer las declaraciones y, esencialmente, observar las acciones de los actores. Pensemos en el procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito. Veamos algunos de sus “tuits”, muy bien elaborados por cierto, aunque les falta espontaneidad.
El Procurador escribe: “Para el caso OISOE la @SupremaCorteRD designó a la Mag. Mariana Daneira García con el fin de producir el desempate y favorecer los imputados”. Si creía eso debió ser agresivo con esa juez y recusarla, no lo hizo. Eso crearía escenarios interesantes, todos posibles. Pero, ya la reelección había pasado y la bulla no era buena, el objetivo se había conseguido.
Luego el Procurador no recurrió con estos argumentos:
1. “La mayoría de los jueces de la @SupremaCorteRD jugaron ese rol, se pronunciaron y asumieron una posición a favor de no ir a juicio de fondo”. Olvida que la designación de la juez Mariana Daneira García es un puro trámite burocrático, eso sólo no invalida a ningún juez, aunque ciertamente era predecible el voto de ella. Si el Ministerio Público poseía informaciones que comprometieran responsabilidades, debió actuar en consecuencia, no callar para “argumentar ahora”.
2. “Siendo tan predecible el resultado, la mayor sanción moral ante la falta de responsabilidad sería desconocer la instancia en cuestión”, escribe; y, 3. “Más que nada, no recurrir este caso es una forma de luchar y de obligarnos a una nueva ola de reformas, de revisarnos y de producir cambios”.
Esta es la parte central de su tesis: no recurrir porque predecimos el resultado adverso y luchamos desde otra óptica. Pero esta tesis puede tener muchas objeciones, entre estas: con el pleno habría dos posibilidades, como ocurrió en la sala penal: A) Funcionar con deficiencias en su conformación, es decir, solo con los jueces que sí podrían conocer del proceso, o B) completar el pleno con jueces de Cortes de Apelación (de carrera, no políticos enganchados a jueces).
En cualquiera de los dos escenarios serían mayoría los jueces de carrera, pues los “políticos-jueces”, con excepción del Juez Presidente, ya no podrán conocer. Es decir, los más comprometidos no estarán. Razones por las cuales se podría presumir dificultades para “las líneas y promesas”. Los jueces que iban quedando en el pleno, presumimos que tendrán compromisos con la sociedad civil, la iglesia y grupos económicos –lo cual es igualmente criticable-, pero no, de forma clara por lo menos, con oscuros intereses políticos partidarios. El Procurador no debe ponerlos a todos en el mismo saco.
Y si hubieran decidido juicio, para el mismo habría que conformarse una Suprema Corte “para el caso”, con jueces de las Cortes de Apelación, con menos o ningún compromiso político y con mayor independencia de criterio y, quizás, hasta con sentido histórico.
El Procurador debió recurrir, ahora todas las conjeturas son posibles, incluso pensar que pudo haber sanciones. Al no recurrir, aunque la sociedad que él dice representar se lo pidió, legalizó fortunas inmensas y puso punto final, en la justicia por lo menos, a la iniquidad más descarada de nuestra historia.
Y sobre su tesis de convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, tanto el Procurador como el presidente de la SCJ son parte del organismo y, a la vez, del problema, lo cual no garantiza una solución. Y, además, ese no es el problema de la “justicia”.
Finalmente pregunto: ¿Es políticamente correcto hacerlo ahora? ¿Coincide eso con la agenda del Presidente de la República? Y ¿cuál será la agenda del Procurador? l
